Luego de que trascendiera el contenido de una nota interna remitida al cuerpo gerencial y a jefes de distrito por el titular de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, ordenando dar de baja “todos los contratos de obras que la repartición tiene en curso en el país sin importar el grado de avance en que encuentren”, el propio Campoy emitió una nueva nota señalando, en sentido contrario a la anterior, que “todas las intervenciones iniciadas, o próximas a iniciar, sobre las rutas nacionales de todo el territorio nacional continuarán su curso normal”.
En el medio de ambas notas se desató una gran polémica porque la paralización de las obras implicaría un golpe demoledor para las rutas nacionales, que cada vez están en peores condiciones por el formidable desfinanciamiento de la obra pública en general, incluso las que corresponden a tareas de mantenimiento, y de las viales en particular.
El gremio que agrupa a los trabajadores de Vialidad Nacional sostiene que actualmente existen 50 obras paralizadas en todo el país, 19 de las cuales tienen un avance del más del 70%. El presupuesto que la repartición recibió durante 2024 es apenas el 47% de lo que le corresponde.
La consecuencia de la falta de obras y de una notable restricción en las tareas de mantenimiento es una red vial nacional en condiciones que se deteriora progresivamente, aumentando la peligrosidad del transporte de bienes y personas e incrementando sustancialmente los costos de logística.
Al aumento en la cantidad y gravedad de los accidentes, que ha merecido el lógico reclamo de las organizaciones que trabajan en la problemática vial, se suman las demandas de entidades rurales, grupos de productores, cámaras empresarias y asociaciones industriales de todo el país.
Según el relevamiento de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA), el 65% de las rutas tienen inconvenientes o están en mal estado, lo que significa grandes pérdidas para el sector productivo. Desde la Asociación Argentina de Carreteras calculan una pérdida promedio de 20 centavos de dólar por kilómetro de más recorrido por los camiones con las cosechas, que fueron de 150 millones de toneladas; según la distancia a los puertos, ese sobrecosto podría rondar los US$ 900 millones en el año.
En el caso de Catamarca, si los contratos se dieran de baja, decisión que está todavía en veremos por las órdenes contradictorias, se paralizarían dos obras que están vigentes: la repavimentación de la ruta nacional 38, entre el final de Avenida de Circunvalación y Huacra (límite con Tucumán), y la repavimentación de las rutas nacionales 60, entre el límite con Córdoba y el empalme con RN 157, y la 157 entre Las Salinas y Frías, en Santiago del Estero.
Las rutas nacionales que atraviesan nuestra provincia, aunque en términos generales, presentan un mejor estado que el promedio nacional, están deteriorándose progresivamente, corroborando que la gestión nacional en materia vial va por mal camino.