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La jueza Andrade rompió el silencio tras haber liberado a los detenidos en la marcha de los jubilados

El gobierno de Javier Milei se lanzó de lleno en una nueva avanzada contra la Justicia y busca desplazar a la jueza Karina Andrade quien dispuso la inmediata liberación de los detenidos al voleo que la policía al mando de Patricia Bullrich le llevó el miércoles en el marco de la feroz represión a la marcha en defensa de los jubilados.

Andrade rebatió este viernes uno por uno los argumentos del gobierno libertario que está decidido a acallar la protesta social por medio de la represión primero y la persecución después bajo falsas denuncias judiciales de «sedición» a quienes participen de una movilización en uso de sus derechos constitucionales.

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En diálogo con Radio Urbana Play, Andrade contó que tras llevarle más de un centenar de detenidos la policía de Bullrich no le enviaron ni siquiera «la información básica de la detención de esta gente» y aseguró que «tardaron horas» en informarle las causales detrás de cada una de esas detenciones.

Por esos mismo, explicó, priorizó derechos, como el de manifestarse libremente, que tiene aval constitucional.

«No se cumplía el procedimiento, es el ABC de las detenciones», denunció Andrade ante la persecución de la que es objeto ahora pro parte del Poder Ejecutivo Nacional.

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Represión brutal de las fuerzas de seguridad de Patricia Bullrich.

«Hice esta priorización de derechos, eso remarqué y fue mi decisión. Acá hay algo que se debe garantizar a los adultos mayores, la libertad de expresión, un derecho constitucional. Ese era el contexto. Tenía el ejercicio de un derecho constitucional, no me fue traído un contexto delictivo. Y se empiezan a generar detenciones que no me son comunicadas y pasaron horas. Además, cuando se informó no teníamos ni los datos del lugar. A mí no me informaron armas, yo lo resalté”, marcó Andrade, que fue denostada desde la Casa Rosada. Incluso, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dijo que pedirá una investigación contra ella en el Consejo de la Magistratura de la Capital.

Andrade aseguró que ahora la fiscalía tendrá a cargo la investigación sobre cada una de estas personas y que, en caso de que así lo consideren en base a las pruebas, podrán pedir nuevamente la detención en la causa. Mientras, insistió con que en ningún momento hubo algún aviso al Poder Judicial de que existía una sospecha previa de una situación delictiva orquestada con premeditación (como quiso marcar el Gobierno con respecto a la protesta) y que tampoco se pidió ninguna medida o allanamiento anterior a la marcha, sino que ella tenía notificado solo que iba a haber una manifestación. Advirtió además que «nadie me trajo información de que había barrabravas».

hinchas jubilados marcha.

La brutal represión de la policía

Mariano Fuchila

“La sentencia dejó en claro el ABC de la detención de una persona en el país. Mi argumento fue estrictamente jurídico, apegado a la Constitución. Se tiene que entender que es una obligación para los jueces de turno tomar decisiones, que resolvemos con los elementos que tenemos en el momento, que debemos resolver y que podemos y debemos diferenciar la necesidad de una respuesta rápida conforme a la Constitución, de la expectativa lícita y que tiene el Estado de investigar la comisión de hechos delictivos», planteó.

Y abundó: «los datos para la comunicación de una detención son nombre de la persona, DNI, lugar donde estuvo, intersección, (tiene que ser) exacto, el oficial y la fuerza que interviene. Y yo siempre pido que en el delito de desobediencia que se haga un sucinto de los hechos. No le proveyeron. Llegó un momento en que la información era ‘misma situación’, ‘mismo lugar’, todos los delitos eran artículos 237, 238 y 239″.

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Foto: Mariano Fuchila

«Tienen que cumplir los requisitos mínimos de información al juez y, otra cosa, fue que tenía un pedido de la defensa, no es que lo hice de oficio, más allá de que yo venía viendo una gran diferencia entre los detenidos que se anunciaban públicamente y los que a mí me estaban informando. Hay una obligación básica de informarle al juez de la causa la detención y tardaron horas. No con los primeros, pero después se comunicaron como 80 personas juntas, 60, no me acuerdo el número”, siguió Andrade.

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