Círculo vicioso

En septiembre de 2019, cuando Javier Milei era un economista que realizaba comentarios en los paneles de televisión, publicó en sus redes sociales, criticando al gobierno de Mauricio Macri, que “tomar deuda no solo no es de liberal, sino que lo consideramos inmoral por implicar el robo a generaciones futuras”. Y ya en julio 2023, cuando era precandidato a presidente de la Nación, publicó: “Si el Fondo Monetario Internacional continúa con esta conducta de regalarle plata al gobierno para que la rifen intentando controlar el precio del dólar, los argentinos tendremos que revisar nuestros compromisos con el Fondo. No podemos seguir sosteniendo este modelo a costa de las generaciones futuras”.

Contradiciendo aquellos postulados, el gobierno de Milei impulsa ahora un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que implica una nueva toma de deuda y que, según indican economistas ortodoxos y heterodoxos, será utilizada en parte para controlar el precio del dólar, paso previo y necesario para la fuga de capitales, como sucedió en el tramo final del gobierno de Cambiemos, con Luis Caputo y Federico Sturzenegger, hoy de nuevo funcionarios, como actores principales.

Lee además

El eventual acuerdo con el Fondo, además de los riesgos que implica cualquier nuevo endeudamiento en una economía tan frágil como la argentina, padece un mal de origen. El gobierno libertario no lo impulsa como proyecto de ley que debe debatir el Congreso de la Nación sino como un Decreto de Necesidad y Urgencia. Si bien es un avance respecto del acuerdo pergeñado durante el gobierno de Macri, que no salió ni por ley ni por DNU, el decreto suscrito por Milei y sus ministros es violatorio de la Ley 27612, aprobada en 2021, que en su artículo 2° consigna, sin margen para la duda, que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”.

Otro dato negativo es que los intereses para el pago de la nueva deuda es del 6,5% anual, muy por encima de lo que Argentina está en condiciones de afrontar, lo que abre interrogantes respecto de la viabilidad del acuerdo.

Si ya la economía argentina padece de una severa restricción de dólares, el incremento de la deuda, lejos de resolver el problema, lo agrava en el mediano y largo plazo. Es que endeudarse para pagar deuda implica un círculo vicioso que termina, más temprano que tarde, en cesación de pagos o default.

Un acceso a divisas en el contexto de un plan económico sustentable no se basa en la toma de nueva deuda, sino en el incremento de las exportaciones por el desarrollo productivo. Pero para eso es necesario un Estado impulsando y regulando la economía, una alternativa que el gobierno de Milei no admitirá nunca.