La Cámara Federal porteña se adentra en un terreno turbulento mientras decide si acepta como querellantes a tres jóvenes que, según afirman, fueron víctimas de una estafa vinculada al caso $Libra.
La controversia surgió a raíz de un posteo del presidente Javier Milei en la red social X, que incentivó a muchos a invertir en la criptomoneda, lanzando una sombra de dudas sobre la legitimidad de la promoción presidencial.
En la jornada de ayer, los jueces de la sala dos del Tribunal de Apelaciones, Martín Irurzún, Roberto Boico y Eduardo Farah, escucharon a Juan Grabois, el dirigente social y abogado que representa a estos inversores. Grabois no escatimó en señalar la gravedad de la situación, citando a sus clientes como “ciudadanos argentinos estafados” que merecen ser incluidos en la causa. «Tienen derecho a estar en el expediente», enfatizó, subrayando la urgencia de su solicitud en un contexto donde la definición de los delitos aún sigue en el aire.
La jueza María Servini había instado a la cautela al rechazar la inclusión de los querellantes, argumentando que el reconocimiento de su estatus era «prematuro» dado que aún no se habían establecido los delitos específicos ni la «trazabilidad» de lo ocurrido. Sin embargo, esta decisión ha sido apelada, lo que llevó a la Cámara a convocar a esta audiencia crucial.
Grabois también aprovechó la ocasión para criticar la actuación de la fiscalía federal de Eduardo Taiano, sugiriendo que existe temor por parte de las autoridades a que se investigue adecuadamente y se admitan pruebas que no vengan de la defensa. “Tienen mucho miedo de que haya personas que no sean de la defensa pidiendo medidas de prueba”, acotó, instando a un tratamiento más transparente y equitativo de la situación.
El caso $Libra no solo se ha convertido en un tema de interés judicial, sino que ahora también se inserta en el debate público de la confianza en el gobierno de Javier Milei, cuya política económica ha atraído tanto el interés como la crítica. La respuesta de la Cámara será observada de cerca, ya que podría marcar un precedente importante sobre la responsabilidad de los líderes políticos en la promoción de inversiones de alto riesgo.
Comisión
La oposición logró ayer en la Cámara de Diputados la firma de los dictámenes de mayoría a favor de los proyectos que crean una comisión investigadora y los pedidos de interpelaciones de funcionarios y de informes a propósito del escándalo $Libra, pero el oficialismo los desconoce por una interpretación reglamentaria.
El dictamen a favor de la comisión investigadora cosechó 36 firmas, más de la mitad de las firmas del total de integrantes de las dos comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento.
Los pedidos de interpelación alcanzan a Karina Milei, al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y al vocero presidencial, Manuel Adorni.