Camioneros internacionales denunciaron el cobro irregular de una tasa municipal en su paso hacia Paraguay y convirtieron el paso fronterizo entre Clorinda (Argentina) y Puerto Falcón (Paraguay) en un punto de conflicto. Gendarmería Nacional debió intervenir para garantizar la libre circulación.
Es desde hace cinco años que la municipalidad de la ciudad formoseña impone el desvío obligatorio de los transportistas internacionales hacia un playón municipal donde los conductores deben estacionar y abonar una tarifa antes de continuar con su recorrido hacia la frontera.
«Es un atropello. Los camioneros no deberían ser obligados a estacionar y pagar sin que exista una justificación clara. Se está incumpliendo un acuerdo internacional», sostuvo en diálogo con Radio Uno la apoderada administrativa de empresas de transporte paraguayo, Angélica Báez.
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Fue durante la emergencia sanitaria por el Covid-19 cuando la Municipalidad de Clorinda habilitó un espacio de estacionamiento para los transportistas en tránsito, el cual tenía como objetivo reducir el contacto con la población local y reducir la propagación del virus, e impuso el cobro de una módica suma.
No obstante, con la pandemia ya finalizada, en la ciudad aún se mantiene la utilización de la playa de estacionamiento, lo cual se implementó como una medida temporal, y el pago obligatorio por su uso con tarifas que aumentan aparentemente sin justificación.
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Algunos de los transportistas afectados explicaron que son desviados aproximadamente siete kilómetros antes de la aduana, donde se los obliga a ingresar a una playa de estacionamiento donde deben abonar una tarifa inicial y luego realizar pagos extra para el uso del espacio y otros servicios como los baños.
«El ingreso no es gratuito, el tiempo de espera es incierto y, si se produce un robo, no hay responsables», reprochó Báez, quien indicó que los vehículos suelen permanecer en el lugar entre uno y tres días, según la cantidad de camiones que se acumulen en el momento.
La apoderada administrativa de empresas de transporte paraguayo calificó la situación como un «abuso» y remarcó: «Imagínense desviar una ruta solo para hacer el cobro de un estacionamiento». La misma también reclamó que, a pesar del cobro, no se han realizado mejoras visibles en el lugar, ni en la infraestructura ni en la logística.
Desde la municipalidad formoseña explicaron que la medida busca ordenar el tránsito y evitar que los camiones queden estacionados en lugares inadecuados. «Si fuera para organizar el tránsito, que lo hagan opcional y no obligatorio», manifestaron los afectados.
Báez, además, reclamó que la municipalidad tiene un control exclusivo del lugar e impide que se habiliten playas alternativas. «Si alguien quiere ofrecer otro estacionamiento, no se lo autorizan», aseguró. Asimismo, los camioneros sostuvieron que quienes intentar evitar el desvío reciben multas de tránsito «cuestionables».
La ejecutiva insistió en que la situación no es una novedad, pero que la intervención de Gendarmería Nacional fue un punto de inflexión en el conflicto. El accionar de la fuerza de seguridad derivó de la denuncia de la diputada provincial Gabriela Neme, quien visitó la playa de estacionamiento y se enfrentó con funcionarios municipales.
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«Las denuncias están, pero no prosperan. Hay miedo a represalias», advirtió Báez y concluyó: «Si no nos ayudan la prensa y legisladores que ven esta injusticia, esto no va a cambiar. Es mucho dinero recaudado por pocos, y eso cuesta sacarlo».
A pesar de la intervención de Gendarmería, el conflicto fue solucionado temporalmente en la Ruta 86 pero se continúan viendo afectados aquellos transportistas que transitan por la Ruta 11, lo que, en paralelo, también perjudica el comercio internacional entre Argentina y Paraguay.
AS. / ds