Luego de conocerse las denuncias sobre una posible asociación ilícita y estafa que involucrarían a personal policial y del poder judicial, la Jefatura de Policía de la Provincia emitió un comunicado en el que aseguró su plena colaboración con la Justicia.
El comunicado expresa: «En relación a las medidas que se están tomando sobre los hechos de público conocimiento, que involucran a efectivos policiales, esta Jefatura, bajo las órdenes estrictas del Ministerio de Seguridad, garantiza su total cooperación con la Justicia para esclarecer los hechos y determinar las sanciones correspondientes».
Comunicado completo
La Jefatura de Policía de la Provincia informa a la comunidad, sobre las medidas que se están tomando en relación a los hechos de público conocimiento, que involucran a efectivos policiales. En tal sentido, esta Jefatura bajo órdenes estrictas del Ministerio de Seguridad, asegura que colaborará plenamente con la Justicia para esclarecer los hechos y determinar las sanciones correspondientes.
Los hechos
Una banda conformada por empleados públicos, miembros de la Policía y la Justicia, abogados y particulares fue desmantelada este fin de semana tras una investigación por estafas inmobiliarias. La red operaba utilizando datos de organismos estatales como Catastro y el Registro de la Propiedad para obtener información de propiedades y realizar fraudes relacionados con títulos de inmuebles. Además, contaban con contactos en el Juzgado Comercial y de Ejecución, que les permitían manipular los procedimientos judiciales y evitar que las víctimas fueran notificadas de los juicios en su contra.
La investigación, liderada por el fiscal Hugo Costilla, comenzó a partir de denuncias por usurpaciones de propiedades y evidenció que la banda saneaba títulos de manera fraudulenta para disponer de las propiedades. La organización también influía en la Oficina de Notificación, lo que les permitía evitar que las citaciones llegaran a las víctimas, quienes solo se enteraban de los procesos cuando sufrían embargos o descuentos en sus salarios.
En los allanamientos realizados, se detuvo a siete personas, entre ellos seis hombres y una mujer. También se secuestraron elementos informáticos, celulares y documentación relevante para la causa. La banda no solo manipulaba el sistema judicial, sino que también tenía acceso a información bancaria de las víctimas, lo que les permitía conocer detalles sobre cuentas y movimientos financieros, e incluso falsificaban firmas para llevar a cabo sus fraudes.
El entramado delictivo es una clara muestra de la corrupción en diferentes niveles del estado y la utilización de contactos en diversas instituciones para cometer estafas y operaciones fraudulentas a gran escala. La investigación sigue en curso para identificar a más implicados y esclarecer el alcance total de las operaciones.