Con el paso de los días, se pudieron conocer más detalles del modus operandi de la banda de los usurpadores que está siendo investigada por el fiscal de Instrucción N° 5, Hugo Costilla.
Para poder concretar las maniobras fraudulentas, fue clave la manipulación de causas ejecutivas judiciales y de los expedientes. Esto se pudo conocer a través del relato de los hechos que hicieron las víctimas a sus respectivos abogados. En líneas generales, las estafas se perpetraban fraguando deudas y realizando juicios ejecutivos falsos. De esta manera, las víctimas eran despojadas de sus inmuebles, vehículos y otros bienes.
De manera intempestiva, quienes resultarían víctimas, tenían “deudas”. Sin embargo, no estaban al tanto de que eran “deudores”. Por esas “deudas”, se iniciaban juicios ejecutivos a espaldas de las víctimas. El rol que supuestamente cumplieron los empleados judiciales fue asegurar que las victimas no se anoticiaran de que sus bienes iban a ser ejecutados o rematados hasta el momento en que perdían sus bienes.
De acuerdo con la información a la que accedió El Ancasti, Costilla sospecha que ellos le brindaban información privilegiada a Mario del Campo, el principal apuntado por la pesquisa. Los empleados judiciales que están imputados en la causa son Marcelo Buenader, Ernesto Hernández, Ramón Rafael Rodríguez, Eduardo D’ Abate, Violeta del Valle Luna, Pablo Soraire, Víctor Rodríguez, César Rojo, Aldana Santisteban, Gustavo Vivanco, Julio Salcedo y Franklin López. Además, se piensa que el empleado de la Dirección General de Registro de la Propiedad Inmobiliaria, Luis Ricardo Bulacio, habría oficiado como “datero”, con el aporte de información sobre inmuebles. Las víctimas de estos hechos eran personas de clase media baja y de clase baja.
Por otra parte, siguen surgiendo novedades en la causa. Para hoy está previsto que se realice la audiencia de control de detención de los imputados por “asociación ilícita” que están en calidad de detenidos.
Se trata de Mario del Campo, Jose Werfil Vega, Gastón Darío Agulles, Juan Pablo Collantes, Rocío Grisel Gordillo, Héctor Enrique Varela Martínez, Denis Eduardo Nieva Chaile, Luis Ricardo Bulacio y Maximiliano Martín Echaverría. La misma será dirigida por el juez de Control de Garantías N° 4, Marcelo Sago, quien está de turno en el Juzgado de Control de Garantías.
En el acto procesal se definirá si los acusados continúan detenidos o no. En caso de que se les confirme la detención, serían trasladados al Servicio Penitenciario Provincial (SPP) de Miraflores, Capayán. Pero la audiencia tendrá otro asunto importante: el planteo para que Costilla sea apartado de la causa.
El martes, la defensa de Agulles, ejercida por el abogado Pedro Vélez, recusó al fiscal Costilla. Vélez pidió que se haga lugar a la recusación y, en consecuencia, Costilla se inhiba de intervenir en la causa. Vélez apunta a que “se haga lugar a la recusación planteada resolviéndose el apartamiento definitivo del fiscal Costilla”.
¿Por qué hizo este pedido el abogado? Consideró que Costilla “no ofrece la garantía de imparcialidad y objetividad” por una “enemistad manifiesta” con Mario Rodrigo del Campo. “El fiscal habría sido denunciado penalmente por del Campo, al parecer, en dos ocasiones. (…) A ello se suma que entre los últimos días de enero y los primeros días del mes de febrero del corriente año, se viralizó por distintas redes sociales un audio en donde el fiscal denota una enemistad manifiesta contra dicho imputado al decir a un tercero, no identificado, que le diga a del Campo: ‘Decile a del Campo que lo voy a mandar a detener, que me vaya (sic) a presentar prontos despachos a la concha de su hermana’, para luego decir despectivamente del mismo ‘¿quién es? En serio, estoy a punto de detenerlo’, desconociéndose la fecha del audio en cuestión, pero conforme surge de la denuncia de del Campo, al menos ya llevaría casi un año en poder de aquel”, remarcó Vélez en el planteo recusatorio.