sábado, 12 de abril de 2025 09:30
La Inspección General de Justicia (IGJ), dependiente de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia de Argentina, ha registrado a cinco empresas estatales como Sociedades Anónimas (S.A.) como parte de la política de privatización impulsada por el Gobierno de Javier Milei.
Esta medida busca finalizar el uso político de las empresas públicas, exigiendo a las nuevas entidades que operen con los estándares de transparencia y responsabilidad propios de las compañías privadas, incluyendo la presentación de balances financieros.
Las empresas afectadas por esta transformación son: Corporación Buenos Aires Sur, Fabricaciones Militares, Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), Administración General de Puertos (AGP) —que fue absorbida por la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN)— y la agencia de noticias Télam, que ha sido disuelta.
El Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, comunicó que esta decisión es parte de un esfuerzo por modernizar el Estado, reducir el gasto público y reorganizar el aparato gubernamental bajo el lema «Motosierra».
Esta medida se enmarca en un contexto más amplio de recortes en el gasto público. El 3 de abril, el Ministerio de Justicia anunció otra decisión similar, refiriéndose a la gestión de 13 organismos de Derechos Humanos que, según el ministerio, habrían gastado más de 3.000 millones de pesos anuales sin la debida fiscalización. En respuesta, la cartera inició auditorías y suspendió los pagos hasta que se garantice una rendición de cuentas transparente.
Los organismos de Derechos Humanos expresaron su preocupación en una carta oficial, aclarando que la gestión de los fondos del Ente Público tripartito cuenta con la firma de todos los integrantes, que incluyen a la Ciudad de Buenos Aires y al Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños. Asimismo, advirtieron que los fondos temporalmente suspendidos corresponden principalmente a los salarios de 176 trabajadores, quienes sostienen las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. El comunicado concluyó con el deseo de que «la situación presupuestaria pueda normalizarse rápidamente» para garantizar los sueldos del personal.
Este movimiento del Gobierno de Milei ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social, marcando una nueva etapa en la gestión de empresas públicas en Argentina.