martes, 6 de mayo de 2025 18:55
La Secretaría de Transporte emitió este lunes un fuerte comunicado en el que calificó la medida de fuerza convocada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) como un “paro extorsivo” y advirtió que tomará acciones severas contra quienes alteren el normal funcionamiento del transporte público. La medida de protesta, prevista para este martes por 24 horas, fue catalogada como una estrategia de “rehenes” a los pasajeros, en medio de una disputa salarial.
El comunicado destacó que “el gremio UTA decretó un paro extorsivo por no haber recibido un incremento salarial del 40%, que supera ampliamente las pautas salariales establecidas por el gobierno”. Además, acusó al gremio de “tomar de rehenes a los pasajeros y no prestar tareas luego de meses de negociación”, tras rechazar la última propuesta salarial presentada por las empresas en la Secretaría de Trabajo.
El gobierno detalló que la protesta afecta a diversas líneas de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): a las 103 líneas de jurisdicción nacional en el área, a las 31 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y a las 102 de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, aclaró que “más del 50% de las empresas de transporte no acatarán el paro”, citando específicamente a los grupos Metropol y Dota, entre otros que aún no confirmaron su participación.
Se estima que diariamente circulan en el AMBA más de 4,5 millones de pasajeros en colectivo, realizándose más de 9 millones de viajes y autorizando cerca de 15 mil unidades en circulación por día.
El Gobierno advirtió que “se fiscalizará el cumplimiento del servicio mínimo”, dado que el transporte público es considerado un servicio esencial. En caso de incumplimiento, se intimará a las empresas para que aseguren al menos el 50% de la capacidad en sus servicios. Además, indicó que se iniciará el procedimiento establecido en la resolución 212, que contempla la posible deducción del subsidio correspondiente a las líneas que no presten el servicio, e incluso la evaluación de la vigencia de los permisos que habilitan la operación.
El ministerio concluyó que continuará monitoreando la situación y recordó que garantizar el servicio de transporte es una prioridad del Estado, por lo que no tolerará actos que afecten la movilidad y los derechos de los ciudadanos.