La presidenta del bloque de diputados de la UCR, Silvana Carrizo, se metió en el análisis que realiza el Senado a los decretos acuerdo que mandó el Ejecutivo provincial. Puntualmente, se refirió a los instrumentos vinculados a la modificación de la ley del Defensor del Pueblo y al que designa al exministro de Educación Dalmacio Mera al frente del organismo.
En este sentido, la diputada exhortó a los senadores a «no convalidar un retroceso institucional en la designación del Defensor del Pueblo”.
«No puedo dejar de señalar las inconsistencias jurídicas e institucionales si el Senado de la provincia decide avanzar en el tratamiento del Decreto Acuerdo N.º 719/2025 y en prestar el acuerdo para la designación de Mera como defensor del pueblo. Mientras en la Cámara de Diputados ni siquiera podemos habilitar el debate, el Senado se encuentra ante una oportunidad institucional clave: corregir un exceso evidente del Poder Ejecutivo que, mediante un decreto acuerdo dictado en pleno receso legislativo, reformó integralmente la Ley N.º 5337 de la Defensoría del Pueblo, sin control legislativo oportuno, sin publicidad oficial y con una clara afectación al principio de división de poderes», planteó la diputada.
Sin embargo, Carrizo apuntó a los trascendidos que indican que el Senado optaría por una aprobación parcial del decreto, validando ciertos artículos mientras rechaza otros, particularmente aquellos referidos al mandato de 12 años y al sueldo equiparado a un juez de Corte. «Esta estrategia, si bien es formalmente posible en términos constitucionales, expone una peligrosa flexibilidad política ante una norma jurídicamente viciada de origen», dijo.
¿Por qué mantener el nuevo mecanismo de designación establecido en el artículo 3º del decreto, que otorga al Poder Ejecutivo la facultad de designar en comisión al Defensor del Pueblo, con acuerdo posterior del Senado, en lugar de sostener el mecanismo original de la Ley 5337, que exigía la intervención de una Comisión Bicameral y la aprobación por dos tercios de ambas cámaras?», se preguntó.
«Aceptar esta modificación supone consolidar una atribución ilegítima del Ejecutivo, que afecta la naturaleza extrapoder, autónoma e imparcial que debe tener la Defensoría del Pueblo. Además, reduce el control legislativo, debilita la transparencia en la designación y compromete la independencia del órgano», añadió.
Más adelante, la legisladora también cuestionó que el Senado podría dar el acuerdo para la designación de Mera como Defensor del Pueblo «a pesar de que la validez constitucional del decreto que lo habilita está siendo objetada, mediante la vía judicial e incluso por los propios senadores que sostienen una aprobación parcial».
«¿Cómo puede prestarse acuerdo a un funcionario cuya designación se fundamenta en una norma cuya legalidad está en entredicho?», volvió a preguntar. «El procedimiento correcto, desde una perspectiva institucional y jurídica, es claro: primero, resolver el estatus legal del Decreto Acuerdo N.º 719/25 en su conjunto. Solo si se considera vigente un mecanismo de designación legítimo, se debe evaluar si corresponde o no prestar acuerdo a una persona para ocupar el cargo», añadió.
«Prestar acuerdo en este contexto supone prejuzgar sobre la validez del decreto, debilitar el rol institucional del Senado y naturalizar un proceso viciado, con consecuencias duraderas para el equilibrio de poderes en nuestra provincia», afirmó.