El día lunes, en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, se volvió a evidenciar la disconformidad por los Decretos Acuerdos remitidos por el Poder Ejecutivo. Los diputados oficialistas del Frente de Todos, acusaron a la oposición de “poner palos en la rueda” al negarse a tratar los instrumentos, mientras que la oposición mantiene su postura, argumentando que estos decretos serían inconstitucionales y, por lo tanto, no deben ser debatidos en el ámbito parlamentario.
Durante la reunión, el bloque oficialista defendió la necesidad de analizar en profundidad ciertos decretos vinculados a reformas en la Ley de Ministerios, la restructuración de la Caja de Créditos y la implementación de la bancarización y Gestión Documental Electrónica (GDE) en los municipios.
En contraste, los bloques de oposición, con la UCR y PRO a la cabeza -a excepción del bloque La Libertad Avanza, que no asistió-, argumentaron que dichos decretos fueron ingresados en la legislatura de manera inconstitucional, rechazando así su tratamiento y proponiendo avanzar en cambio con el decreto sobre las modificaciones en los descuentos que la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) aplica a los afiliados. Lo que finalmente no sucedió, porque desde el oficialismo aseguraron estar trabajando en una mejor alternativa.
La negativa de la oposición sigue la línea de la semana pasada, cuando lograron impedir la discusión de los Decretos Acuerdos durante la sesión ordinaria, argumentando que violan la Constitución y normas fundamentales, como el artículo 5 del Código Civil y Comercial y el artículo 184 de la Constitución Provincial. “Estos decretos, publicados en el Boletín Oficial el 9 de mayo, cuando la Cámara ya estaba en funcionamiento, son claramente ilegales, inconstitucionales y nulos de nulidad absoluta”, indicaron.
El bloque radical también alertó sobre un decreto en particular que establece descuentos adicionales sobre los aportes a la OSEP, una medida que, aseguraron, afecta directamente a los sectores más vulnerables, como los docentes y los jubilados. Según explicaron, la decisión implica un doble descuento a los jubilados y mayores cargas para los empleados estatales, perjudicando especialmente a quienes menos tienen.
Senado
El debate no solo trajo dolores de cabeza entre los Diputados, por su parte en el Senado, los decretos acuerdos también están en la mira. Donde, además de estudiar en profundidad el contenido del instrumento sobre las modificaciones en la ley que designa la figura del Defensor del Pueblo, los senadores analizan si también pueden –y en qué medida– aprobar en general el decreto y rechazar algunos artículos. En ese sentido y de acuerdo a lo planteado por asesores de los legisladores, el artículo rechazado es reemplazado por artículo de la ley original.
Los aspectos que serían objeto de revisión son principalmente dos: en primer lugar, el cambio en la duración del mandato del titular de la Defensoría, que ahora sería de 12 años (Artículo 4); y en segundo lugar, la modificación que permitiría que la persona a cargo de la Defensoría perciba un salario similar al de un miembro de la Corte de Justicia (Artículo 7). Si se decide rechazar estos artículos, el nuevo titular de la Defensoría del Pueblo podría ejercer su cargo por un período de cinco años, con la opción de una reelección, y cobrar como un diputado provincial, conforme a lo establecido en la ley sancionada en 2011.
Aunque desde el Ejecutivo insisten en que los decretos cumplen con la legalidad, los diputados del Frente de Todos se encuentran en la difícil tarea de defender estos instrumentos, sin una fecha definida para su tratamiento en el recinto. n