En una tensa sesión legislativa del miércoles, los bloques de la oposición en la Cámara de Diputados, cruzaron fuertes cuestionamientos contra el Gobierno provincial y las nuevas medidas implementadas en relación con el sistema educativo y los docentes. La Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente Amplio Catamarqueño manifestaron su rechazo a la gestión oficial, particularmente tras el anuncio de un «nuevo régimen de cobertura de cargos docentes» aprobado por decreto del Ejecutivo provincial.
El bloque de diputados de la UCR solicitó el tratamiento sobre tablas de dos expedientes cruciales: uno que declara la Emergencia Educacional en la provincia y otro que proponía citar a la ministra de Trabajo, Verónica Soria, para que explicara la falta de convocatoria a asambleas docentes, las demoras en las altas y el pago de haberes adeudados. Ambas solicitudes fueron rechazadas por el bloque oficialista del Frente de Todos.
Acerca de esto, los legisladores de la UCR expresaron que «la situación es alarmante» y señalaron que hay niños y adolescentes sin ir a clases, docentes que no cobran y cargos que siguen vacantes debido a la inoperancia del Estado». En ese sentido, calificaron de «inadmisible» que el oficialismo se niegue a debatir el tema en el recinto frente a la crisis en el sistema educativo.
Además, remarcaron que la crisis no se resuelve con anuncios, sino con «gestión, voluntad política y presencia del Estado donde más se lo necesita: en las escuelas, con los chicos y con los docentes».
Durante la sesión, el diputado Tiago Puente (UCR) tomó la palabra y criticó fuertemente al gobierno, acusándolo de «hipocresía» y «desprecio por los catamarqueños». Afirmó que el nuevo régimen de cobertura de cargos docentes «no mejora el sistema educativo», sino que «lo complica, lo burocratiza y le da la espalda a quienes están en las aulas».
Puente cuestionó la decisión de centralizar funciones en el Ministerio de Trabajo, quitándole facultades al Ministerio de Educación, que a su entender, «ahora queda pintado al óleo». Razón por la cual lo describió como una «superestructura burocrática sin sentido» que genera un «Estado bobo» que obstaculiza trámites simples.
El diputado también denunció la precariedad salarial y laboral de los docentes catamarqueños, afirmando que son de los peores pagos del país y que deben «hacer malabares para llegar a fin de mes». Remarcando la desigualdad, comparando las «camionetas de alta gama» para funcionarios con el «recorte y látigo» para los docentes. Puso como ejemplo la injusticia de descontar el presentismo a los docentes por faltar al trabajo, mientras que no pasa nada si los funcionarios eligen no sesionar.
Nueva modalidad
El nuevo régimen para la cobertura de cargos docentes reemplazaría normativas anteriores, desde el gobierno sostuvieron que la modificación busca asegurar la equidad y transparencia en la designación de horas. Con este cambio, los docentes podrán iniciar trámites de alta en la Asamblea Pública y la reubicación de horas disponibles, estableciendo cronogramas trimestrales para asambleas. Además, se incluirían una serie de controles para suplencias prolongadas en el sector privado, un procedimiento para el Nivel Superior basado en mérito, plazos estrictos y penalidades por incumplimiento.
Amparos
Días atrás, el diputado Hugo Ávila, del Frente Amplio Catamarqueño, criticó la «actitud autoritaria» del gobernador Raúl Jalil por el uso «sistemático de decretos para modificar leyes y tomar decisiones».
Ante la ausencia de mayoría legislativa para rechazar estos decretos, el legislador decidió acudir a la Justicia, presentando una serie de recursos de amparo. Entre los cuales se destacan la modificación de la base de cálculo de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) y la designación en comisión de Dalmacio Mera, como Defensor del Pueblo.
En la misma línea, presentó un recurso de amparo solicitando la suspensión y nulidad del decreto que modifica el estatuto del personal civil de la administración pública provincial, argumentando que «viola principios constitucionales» como la división de poderes y la estabilidad del empleado público; además, lo calificó como «arbitrario, ilegal y viciado» en su procedimiento de dictado y publicación.n