Compras directas: camino a la Corte Suprema

La Sala Penal de la Corte de Justicia habilitó el recurso extraordinario al exsubsecretario de Acción Social, Víctor Brandán, quien cuestionó la sentencia que lo condenó a diez años de prisión por fraude a la Administración Pública. Brandán había cuestionado que no se respetó su derecho a ser juzgado en un plazo razonable: recibió la pena en marzo de 2023, por hechos que ocurrieron exactamente 20 años antes.

Por otra parte, la misma Sala Penal le rechazó el recurso a Pablo Doro, quien había cuestionado la arbitrariedad de la sentencia, entre otros cuestionamientos. Doro había sido condenado a seis años de prisión, también por fraude a la Administración Pública.

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Así lo resolvieron los ministros Fernanda Rosales Andreotti, Hernán Martel y Verónica Saldaño. En el caso de Brandán, sólo le habilitaron el recurso con relación al planteo que los abogados Pedro Vélez y Leonardo Berbder habían realizado con respecto a la vulneración de la garantía de ser juzgado en plazo razonable, de modo que quedó suspendido el cumplimiento de la sentencia de condena hasta tanto se expida la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, Brandán también había alegado una violación del derecho de defensa y la garantía del debido proceso; violación de las reglas de la sana crítica racional, arbitrariedad, vulneración del principio de legalidad y de inexistencia de la responsabilidad civil, en todos los casos agravios que fueron rechazados por la Sala Penal.

Doro, asesorado por Carlos Rosales Vera, había cuestionado la arbitrariedad de la sentencia, violación del derecho de defensa, debido proceso y garantía de la tutela judicial. Sin embargo, los ministros consideraron que «los argumentos ofrecidos no demuestran esa afectación» y rechazaron el recurso. Tiene la posibilidad de ir en queja.

Brandán y Doro habían sido condenados en marzo de 2023 a diez y seis años de prisión, respectivamente, por fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por el escándalo de las compras directas realizadas en 2003 que se conocieron por una investigación de El Ancasti y luego denunciadas.