La esperanza de una ley

Uno de los programas de gobierno con éxito verificable implementado en los últimos años es el Plan ENIA (Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia), lanzado durante el gobierno de Mauricio Macri y profundizado durante el de Alberto Fernández. Pese a haberse convertido en una experiencia modelo en América Latina para bajar la fecundidad en niñas y adolescentes entre 10 y 19 años, el gobierno de Javier Milei lo desfinanció al punto de que prácticamente desapareció, desvinculando además a las 700 profesionales que venían trabajando en la iniciativa.

El ENIA logró, con el apoyo de Unicef y otras veinte organizaciones de la sociedad civil, reducir a la mitad la cantidad de nacimientos con madres adolescentes entre 2018 y 2022. Además de crear espacios de consejería en salud sexual en escuelas y centros comunitarios, brindaba información y el acceso a métodos anticonceptivos de larga duración, como el implante subdérmico.

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Hace algunas semanas, la Justicia contenciosa federal admitió un recurso de amparo que había sido presentado por la Defensoría Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes para la reanudación del plan, con la asignación presupuestaria suficiente para financiar el trabajo de los equipos focales territoriales, los insumos, las capacitaciones y los espacios de consejería.

Pero además, con el mismo propósito de restablecer el ENIA, existe un proyecto en el Congreso de la Nación para sancionar una ley que garantice su continuidad. Hay dos dictámenes: uno, respaldado por el peronismo, el socialismo y un sector del radicalismo, sostiene que es la Nación la responsable de financiar el programa. El otro dictamen, que apoya el PRO, le traslada la responsabilidad a las provincias, cuya capacidad financiera es nula, habida cuenta de la gran cantidad de competencias que ha debido asumir ante el evidente abandono nacional en el financiamiento de las más variadas políticas públicas.

El desfinanciamiento del Plan de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia obedece más a una cuestión ideológica que económica.

El problema del financiamiento para la Nación no debería ser un problema, porque su aplicación, como ya se señaló en esta misma columna, logró importantes ahorros en materia de atención de embarazos en esa franja etaria, del orden del 0,16% del PBI. A esta cifra se llega contabilizando los costos ahorrados asociados a la atención de la gestación y el parto de las chicas, y también sumando las contribuciones que el Estado pierde porque las mujeres que tienen hijos a edades tempranas terminan en una proporción menor la escuela secundaria, y en su adultez padecen mayor desempleo, según un estudio llevado a cabo por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

De modo que el desfinanciamiento del plan obedece más a una cuestión ideológica que económica. Es de esperar que si se institucionaliza a través de una ley tenga continuidad necesaria para seguir evitando el drama de los embarazos adolescentes no deseados, muchos de los cuales son el resultado de abusos sexuales.