Con el fallo de la Corte Suprema, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y los otros condenados en la sentencia de diciembre de 2022 deberán devolver $ 85.000 millones al Estado nacional.
Esos 85.000 millones de pesos equivalían a 483 millones de dólares según el tipo de cambio de ese momento de 176 pesos por dólar del Banco Nación. A eso se le suma un 2% anual de la tasa activa del Banco Nación, que equivale a 19 millones de dólares. Lo que da unos 502 millones de dólares. De todos modos, será el TOF 2 el que dentro de unas semanas deberá calcular la cifra definitiva del decomiso.
Además de la presidenta del PJ nacional, aparecen en la devolución de esa cifra Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
La cifra que se fijó como decomiso deberá actualizarse en el marco del legajo patrimonial y la justicia determinará que se responda solidariamente. No está definido por el momento cómo se dividirá dicho monto entre los nueve condenados.
Los fundamentos de la condena subrayaron la «certeza» del Tribunal Oral respecto a que «mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”. Se refiere así a los 51 contratos que le fueron adjudicados al Grupo Austral, propiedad de Báez, ex socio comercial de la ex vicepresidenta.
Con el fallo de la Corte, ahora el juez de ejecución de la pena, Jorge Gorini, en su carácter de presidente del TOF 2, inicia el recorrido para el recupero de la cifra multimillonaria que expone la maniobra defraudatoria.
La parte resolutoria de la condena sostiene: “Disponer el decomiso de los efectos del delito, que consiste en la suma actualizada de ochenta y cuatro mil ochocientos treinta y cinco millones, doscientos veintisiete mil trescientos setenta y ocho pesos con cuatro centavos ($84.835.227.378,04)”.
El mismo articulado explica que la suma deberá ser ajustada “a través de la intervención de organismos técnicos al momento en que esta sentencia adquiera firmeza” y el resultado de que obtenga de ese análisis, “deberá ser depositado en el plazo de diez días hábiles a contar desde la ejecutabilidad de la presente”.
En cuanto al patrimonio de los condenados, en el caso de Cristina Kirchner, que ante la Oficina Anticorrupción (OA) en su última declaración patrimonial, dijo poseer bienes por 250 millones de pesos. Así figura en su declaración jurada de Baja, que están obligados a presentar todos los funcionarios públicos cuando dejan el poder.
No cuentan bienes inmuebles ya que en marzo de 2016, cuando inició su derrotero judicial, cedió todo a sus hijos -Máximo y Florencia Kirchner-, todo en partes iguales. Solo conserva el usufructo de la residencia de Río Gallegos, de El Calafate y el piso de Uruguay y Juncal ubicado en el barrio porteño de Recoleta donde actualmente reside.
El monto es un 110% más en términos nominales que lo que la exmandataria había declarado al finalizar el año anterior: $118,8 millones. Sin embargo, si se considera la inflación promedio en 2023 (133,5%), tuvo un descenso en su patrimonio en el año del 10%, según el cálculo realizado por el medio Infobae.
Aparte del decomiso previsto en la condena penal, sigue vigente la demanda civil que inició el Estado nacional contra los ahora condenados. Allí se reclaman 1.120 millones de dólares y se tramita por separado.