La reunión que un grupo de gobernadores mantuvo el viernes con el ministro del Interior, Guillermo Francos, pasó desapercibida en medio de la agitación provocada por la ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner, pero se inscribe en una zona de frágil equilibrio político entre las provincias y la Casa Rosada que irá cobrando tensión en el marco del proceso electoral. Inquietos por una caída sostenida de la recaudación que repercute en los ingresos de la coparticipación, los gobernadores advierten que las usinas libertarias trabajan una línea discursiva tendiente a instalar que las provincias no restringieron en sus gastos y que el esfuerzo fiscal corrió por cuenta casi exclusiva de la Nación.
Que esta aseveración sea, como mínimo, inexacta, no le resta eficacia y tiene efectos muy concretos: son los gobiernos provinciales los que cargan con el costo político de los ajustes, pese a que debieron hacerse cargo de las deserciones nacionales. La delegación que transmitió a Francos las quejas de los caciques provinciales estuvo integrada por Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Claudio Vidal (Santa Cruz), además de la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto. Le mostraron al ministro del Interior un informe basado en datos del Monitor Fiscal del Ministerio de Economía contradictorio con la versión de que la Nación redujo la presión tributaria mientras las provincias la mantienen.
En el primer año de la gestión de Javier Milei fue al revés. La presión fiscal en 2024 se mantuvo idéntica a 2023, 27,8% del PBI, pero la incidencia de los tributos provinciales se redujo un 0,2% y el de los nacionales creció en la misma medida. El dato, sin embargo, es para los gobernadores anecdótico. Les preocupa más que la Nación se apropia ilegítimamente del impuesto a los combustibles que debería coparticipar con las provincias y del fondo de Aportes del Tesoro Nacional, que no reparte. Este multimillonario sablazo se superpone a la desaparición de las inversiones nacionales en obra pública, que han sido delegadas casi íntegramente en las administraciones provinciales.
Las transferencias para obras públicas a las provincias se desplomaron en un 94% en el primer año de la gestión Milei. Las transferencias para obras públicas a las provincias se desplomaron en un 94% en el primer año de la gestión Milei.
Corren versiones insistentes de que el orden libertario se apresta a acentuar el rigor de la motosierra sobre las provincias después de las elecciones del 26 de octubre, pero los gobernadores advierten que la motosierra ya se aplicó, y brutalmente. En la edición de ayer, El Ancasti reprodujo un artículo publicado por Clarín que ofreció datos ilustrativos al respecto. Según la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), el gasto de capital en la Argentina se desplomó en 2024 un 73,9% en términos reales. Las transferencias de capital a las provincias cayeron en tanto un 94%. “Estamos hablando de rutas, caminos, mantenimiento, cloacas, viviendas, agua potable y tareas de saneamiento. Todo de una manera o de otra esencial, social y económicamente, aunque a la vez ninguneado: en ese espacio hay gastos que caen 70, 88, 92 y hasta 94%”, señala el autor de la nota, Alcadio Ocaña.
La deserción profundiza una asimetría regional que se arrastra al menos desde 2021. Mientras que el promedio del gasto en obras públicas en América Latina es del 3,9 del PBI, en la Argentina andaba por el 2,6%. “Para el promedio provincial, la información disponible marca 1,3%”, dice el informe de ASAP. En este contexto, los gobernadores plantean la necesidad de sellar un nuevo Pacto Fiscal que, respetando el equilibrio, discrimine las competencias y reasigne recursos. La mira de los mandatarios está puesta en el impuesto a los combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional.