El Senado reanuda el debate por la ampliación de la Corte Suprema, mientras el Gobierno se mantiene al margen. De fondo, las vacantes de la Justicia federal y el Procurador.
La intervención de la Corte Suprema que dejó firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner volvió a poner al máximo tribunal en el centro de la discusión política. En ese marco, el Senado reanuda el debate sobre los proyectos que proponen su ampliación, una discusión que el Gobierno asegura que le resulta ajena.
Los proyectos para ampliar la Corte Suprema
La cámara alta tiene en sus manos varias iniciativas para elevar la composición de la Corte, pero la que reúne un mayor consenso es la del salteño Juan Carlos Romero, que plantea ampliar de 5 a 7 miembros, con un 40% de representación femenina.
Ese mecanismo recibió el apoyo de José Mayans, el jefe de bloque de Unión por la Patria, el actor con mayor peso en el Senado con sus 34 bancas. No es un dato menor, ya que para juntar los dos tercios de la cámara necesarios para nombrar un supremo, la negociación con el peronismo es imprescindible.
Con la ampliación, el kirchnerismo apunta a licuar el poder de la tríada de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, pero también abrir las negociaciones con el Gobierno para poder elegir quién ocupará una de las vacantes. Además del proyecto de Romero, hay otras 7 iniciativas que van desde mantener los actuales 5 miembros con cupo femenino, a llevarlo a 9 integrantes, o incluso 15.
En ese contexto, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Justicia y Asuntos Penales se reunirá este miércoles desde las 11 para escuchar las exposiciones de Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez; el exconvencional constituyente Alberto García Lema; y María Esther Cafure de Battistelli, de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina en Córdoba.
La distancia del Gobierno
De momento, en Casa Rosada miran esa discusión con distancia, algo que probablemente continuará así al menos hasta después de las elecciones de octubre, cuando se estabilice el escenario político en el Congreso. Así lo confirmó a este medio un importante operador judicial del Gobierno, que ratificó: «En tema ampliación no nos metemos, por ahora».
«No podemos ni completar una Corte de 5 miembros y la quieren llevar a 7?», había ironizado un mes atrás un integrante de la mesa chica de Javier Milei. La negativa del Gobierno a subirse a las negociaciones se extiende a dos huecos muy importantes que la Casa Rosada aún no ha logrado cubrir: las vacantes en la Justicia federal y el cargo del Procurador General de la Nación, el jefe de los fiscales.
Vacantes y negociaciones
De los 1056 cargos que integran los juzgados federales del interior del país y el fuero federal, hay 330 que todavía no fueron cubiertos, según reveló el informe de gestión del Gobierno que presentará en el Senado este jueves el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Luego del fracaso de las designaciones por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en el máximo tribunal, en Balcarce 50 reiteraron en varias oportunidades que los nombramientos de jueces federales y de aspirantes para la Corte Suprema forman parte de una misma negociación, y no avanzará un carril si no lo hace el otro.
Otro elemento clave en esas conversaciones es el nombre del procurador, que desde diciembre de 2017 ocupa de manera interina Eduardo Casal. Casi 8 años después, ningún Gobierno ha logrado designar a la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal, procedimiento que requiere al igual que en el caso de los jueces de la Corte, dos tercios del Senado.
La figura del procurador se volvió aún más relevante con el impulso que le dio el Gobierno al Sistema Acusatorio y la implementación del Código Procesal Penal Federal, que implica delegar en los fiscales la tarea de llevar adelante la investigación de los delitos. Si bien el Gobierno busca imponer su candidato para el cargo, desde la mesa chica del Ministerio de Justicia aseguraron a MDZ que «no van a nombrar a ningún juez ‘malo’ por una negociación».
La estrategia judicial del Gobierno está en manos de Santiago Caputo, el asesor todoterreno del presidente, y su hombre fuerte en la cartera de Justicia, el viceministro Sebastián Amerio. En Casa Rosada parecen haber aprendido de los errores y aguardan a que se acomode el tablero para que la próxima avanzada en su política judicial sea la definitiva.