El juez federa Jorge Gorini, responsable de ejecutar la pena en la causa Vialidad, firmó este viernes el arresto domiciliario de Nelson Periotti, ex titular de Vialidad Nacional durante doce años. Debe cumplir, al igual que Cristina Kirchner, una pena de seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Además, se ordenó la colocación de una tobillera electrónica.
Una semana después de que se ordenó el arresto domiciliario de Cristina Kirchner en el marco del cumplimiento de la condena del caso Vialidad, Gorini concedió el mismo beneficio de morigeración de la pena a Nelson Periotti.
A la hora de evaluar el requerimiento formulado por la defensa del ex funcionario kirchnerista, el juez Gorini tuvo en cuenta la edad de Periotti (80 años), sus afecciones de salud y consideró que correspondía otorgarle el beneficio de cumplir la pena en su domicilio.
Al igual que la ex Presidenta, se le impuso no sólo el monitoreo a través de un dispositivo electrónico, sino también reglas de cumplimiento de la prisión domiciliaria.
El beneficio obtenido para dar cumplimiento a la condena del caso Vialidad, será evaluado trimestralmente.
Hace una semana, La Cámpora había reclamado el mismo beneficio que obtuvo la ex Presidenta para el entonces titular de Vialidad Nacional. «Nelson Guillermo Periotti es un militante peronista de la primera hora. En el marco de la Causa Vialidad lo persiguen y lo condenan por una razón muy clara: no se quiebra y no negocia su lealtad a Cristina. Por esa razón el cagón de Luciani está ensañado con él. Porque sabe que nunca lo va a poder doblegar», señala La Cámpora en el posteo en redes que acompaña el documento.
Un puesto clave
Nelson Periotti condujo durante las tres administraciones kirchneristas la Dirección Nacional de Vialidad, que fue el organismo que adjudicó “sistemáticamente y de forma irregular” 51 procesos licitatorios a Lázaro Báez.
Al momento de confirmar la acusación por administración fraudulenta, se dio por comprobado un “aceitado engranaje para aparentar el cumplimiento de la ley y presentar como válidos procesos licitatorios de obra pública vial manifiestamente irregulares durante el período comprendido entre los años 2003 y 2015 en la provincia de Santa Cruz”.
Bajo esa misma línea se determinó que la “excepción se transformó en la regla y ello se debió a un único motivo: perpetrar un plan criminal de inusitada envergadura mediante la utilización de medios lícitos y valiéndose de las facultades otorgadas a través de los diversos cargos públicos que tenían la mayoría de los imputados”.
Se habló de que fue el marco propicio para dar lugar a una “notable maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”.
Las obras viales licitadas en Santa Cruz “fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas al imputado Lázaro Báez, grupo cuya conformación y crecimiento económico exponencial se vio directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción”.
En el juicio se determinó que el dinero que se habría sustraído de las arcas públicas como resultado de la maniobra fraudulenta ascendía a 84.835.227.378,04 pesos, pero ese monto está bajo análisis en estos días para su actualización.