martes, 1 de julio de 2025 19:10
Los abogados de Cristina Kirchner presentaron una solicitud ante el Tribunal Oral Federal 2 para que el presidente de Brasil, Lula da Silva, pueda visitarla en su departamento del barrio de Constitución, donde cumple su arresto domiciliario por la causa Vialidad.
El mandatario llegará al país este miércoles para asistir a la cumbre del Mercosur y pretende reunirse con la expresidenta.
La cumbre durará dos días y Javier Milei le entregará a Lula la presidencia semestral del bloque.
El pedido lleva la firma de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, y responde a la restricción que pesa sobre Fernández de Kirchner de solicitar permiso para recibir visitas de cualquier persona que no este incluida en la lista presentada ante la justicia.
Dicha restricción generó un conflicto entre la defensa y el tribunal a cargo de Jorge Gorini, que decidió remitir la apelación a la Cámara Federal de Casación Penal para que resuelva si la expresidenta puede recibir visitas sin restricciones mientras dure su detención.
Para la defensa de Cristina Kirchner, la regla impuesta por el TOF resulta incompatible con el derecho a la vida familiar y social de su representada.
Los abogados aseguraron que los jueces del tribunal omitieron que la expresidenta tiene que reunirse con frecuencia con los profesionales contables que la asisten, al igual que los apoderados que se encargan de las cuestiones administrativas que deben desarrollar en forma diaria en su nombre.
También los peritos designados en el marco de otros procesos judiciales en su contra. Y los asesores que asisten a la expresidenta para continuar desarrollando distintas actividades que no han sido prohibidas con la imposición de la pena.
“Una consideración aparte merece la situación de las personas que, sin ser familiares de nuestra representada, mantienen con ella vínculos de amistad y afecto y, por ende, conforman una parte fundamental de su vida de relación”, expresó el documento.
También se destacó que Fernández de Kirchner sigue siendo la presidenta del Partido Justicialista (PJ). “(En un sistema democrático) no puede limitarse el derecho que tiene un dirigente político a mantener contactos directos con personas que desarrollen esta misma actividad, ya sean de su propia fuerza u otra”, expusieron los letrados.