Este fenómeno, caracterizado por una sostenida baja en la natalidad y en la mortalidad, modifica radicalmente la estructura etaria de la población. Menos nacimientos, más personas mayores y una fuerza laboral que comienza a contraerse plantean un escenario complejo que obliga a repensar el rumbo de las políticas públicas.
Los datos proyectados entre 2010 y 2040 son elocuentes: la población infantil (0 a 14 años) pasará del 29,4% al 19,8%, reflejo directo de la caída en la fecundidad. Este descenso, vinculado a cambios sociales profundos -como el acceso a métodos anticonceptivos, la creciente participación femenina en el mercado laboral y un cambio cultural en torno a la maternidad- tendrá efectos inmediatos en la demanda de servicios educativos y, a futuro, en la disponibilidad de mano de obra joven.
En paralelo, la población en edad laboral (15 a 59 años), que actualmente representa el 61,5% de la población, descenderá al 59% en el 2040. Este leve pero importante retroceso marca el inicio del fin del bono demográfico, esa etapa en la que la población activa supera a la dependiente. Si bien esta ventana de oportunidad todavía está abierta, su aprovechamiento exige políticas activas en empleo, formación de capital humano e innovación. Sin ellas, el riesgo es claro: aumento de la presión fiscal y debilitamiento de los sistemas de protección social.
Pero el cambio más impactante es el crecimiento de la población mayor de 60 años, que se duplicará en treinta años: del 11,3% en 2010 al 21,2% en 2040. Este envejecimiento estructural conlleva desafíos múltiples: mayor demanda de servicios de salud especializados, necesidad de reformar los sistemas previsionales y urgencia en desarrollar una economía del cuidado formal, regulada y con perspectiva de género.
Además, el envejecimiento plantea una transformación urbana y cultural de fondo: las ciudades deberán adaptarse para ser inclusivas y accesibles, al tiempo que se necesita fomentar la participación activa de las personas mayores en la vida social y económica. El índice de envejecimiento -la relación entre adultos mayores y menores de 15- crecerá notablemente, lo cual afectará las estructuras familiares, educativas y laborales.
A este panorama se suma un componente importante: las migraciones. Entre 2005 y 2010, Catamarca registró un saldo migratorio neto negativo de –4.173 personas, consolidándose como una provincia expulsora. La falta de oportunidades laborales, la concentración de servicios en otras provincias y las desigualdades territoriales explican esta tendencia. Aunque en el último período (2017–2022) esta pérdida se redujo significativamente (–289 personas), el saldo sigue siendo negativo. La atracción que ejercen ciudades como Córdoba, Tucumán o Buenos Aires sobre los jóvenes catamarqueños continúa siendo fuerte.
Si bien la estabilización reciente de los flujos migratorios podría interpretarse como una señal alentadora, el problema de fondo persiste: Catamarca sigue perdiendo población en edad productiva, lo cual tensiona aún más un tejido social ya amenazado por el envejecimiento poblacional.
En este contexto, es preocupante la disminución de la natalidad. La complejidad de la transición demográfica exige una mirada integral. Las políticas públicas deben ser complementarias, articuladas y sostenidas en el tiempo, con medidas inmediatas pero también con visión de mediano y largo plazo.
Lejos de ser una crisis inevitable, este momento puede ser una oportunidad histórica para incorporar seriamente las políticas de población en la agenda pública. Es también un llamado urgente a repensar las desigualdades territoriales que afectan históricamente al Norte argentino. Avanzar hacia un enfoque basado en evidencia científica, territorializado e intergeneracional, no es sólo deseable: es indispensable.
Porque lo que está en juego no es sólo la cantidad de habitantes, sino la calidad de vida y la sostenibilidad de nuestras comunidades en las próximas décadas. La toma de decisiones basadas en datos en políticas públicas implica el uso de evidencia empírica y análisis para fundamentar las decisiones políticas para afrontar con seriedad y responsabilidad los desafíos demográficos presentes y futuros que realmente respondan a las dinámicas poblacionales del territorio.
Vivimos un momento clave para pensar hacia dónde vamos como sociedad. Los cambios en la dinámica poblacional -como el envejecimiento sostenido y la caída de la natalidad- ya están transformando profundamente nuestras comunidades. Lejos de ser un escenario catastrófico, este contexto nos brinda la oportunidad de mirar con más sensibilidad y responsabilidad las políticas públicas que necesitamos construir.
En lugares como el Norte argentino, donde las desigualdades estructurales se sienten con fuerza, estos desafíos se intensifican. Por eso, pensar en la población no puede seguir siendo un tema marginal o técnico. Es urgente incorporar una mirada más humana, territorial y de largo plazo, que nos ayude a diseñar políticas más justas y sostenibles.
Afortunadamente, no partimos de cero. Demógrafos y demógrafas locales de gran trayectoria, formados en universidades públicas, desde hace años vienen estudiando estas transformaciones. Sus investigaciones ofrecen una base sólida para entender lo que está pasando: cómo cambia la estructura por edad, cómo disminuyen los nacimientos, qué significa cuidar a una población que envejece sin descuidar a quienes aún están creciendo. Y, sobre todo, cómo estas tendencias se expresan de manera distinta en cada territorio.
Pero los datos, por sí solos, no alcanzan. Necesitamos decisiones políticas que se apoyen en esa evidencia, sí, pero también en la escucha, en el compromiso colectivo, en la voluntad de pensar un modelo de desarrollo que ponga a las personas en el centro. Tal como advierte la CEPAL, el envejecimiento no puede seguir siendo visto sólo como un tema de salud o de jubilaciones. Es un tema de futuro, de cómo habitamos nuestras ciudades, de cómo educamos, de cómo nos cuidamos entre generaciones.
Con menos nacimientos y más personas mayores, no se trata sólo de cuántos somos. Se trata, sobre todo, de cómo queremos vivir. Si logramos articular conocimiento, sensibilidad y decisión política, si escuchamos tanto a la ciencia como a la experiencia cotidiana de nuestras comunidades, podemos construir una sociedad más equitativa, inclusiva y preparada para lo que viene.
Texto: Colaboración de la Dra. Norma Macías. Investigadora del Instituto de Investigación Estadística y Demográfica (FCEYA-UNCA). Docente y extensionista de la Universidad Nacional de Catamarca. Dr. Daniel Esteban Quiroga, Investigador del CONCIET en el Instituto Regional de Estudios Socio-Culturales (CONICET-UNCA) y del Instituto de Investigación Estadística y Demográfica (FCEYA-UNCA). Docente y extensionista de la Universidad Nacional de Catamarca.
CPN Efraín Nieva, Investigador del Instituto de Investigación Estadística y Demográfica (FCEYA-UNCA). Docente y extensionista de la Universidad Nacional de Catamarca.