Tal como se descontaba, el Gobierno apelará el fallo de la Justicia federal que este jueves frenó el cierre de la Dirección de Vialidad Nacional, dispuesto por el presidente Javier Milei a través del decreto 461/2025 la semana pasada.
La decisión fue confirmada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien en sus redes publicó: “El Gobierno apelará la suspensión del decreto que determina la disolución de Vialidad Nacional. Fin”.
La decisión libertaria apunta contra la reciente orden del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 2, que este mismo jueves hizo lugar a una cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina) y suspendió por 6 meses la eliminación del organismo encargado del mantenimiento y construcción de las rutas nacionales.
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Entre otros puntos, Sevina había planteado que la supresión de Vialidad vulnera los derechos de naturaleza alimentaria de los trabajadores, derivados de eventuales despidos masivos o modificaciones unilaterales en las condiciones laborales.
Tras conocerse el fallo judicial, el secretario general del gremio, Fabián Catanzaro, declaró en diálogo con C5N: «Ahora tenemos estos seis meses para dar la pelea en las Cámaras, en el Congreso, donde los gobernadores también pueden incidir. Necesitamos recuperar Vialidad, el Inti y el Inta que son estratégicos».
«Esta jueza bien hizo en frenar esta medida que nos disolvía pero no le ofrecía al pueblo argentino ninguna respuesta de lo que se iba a hacer con las rutas nacionales», agregó Catanzaro.
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El fallo que suspende la eliminación de Vialidad
En su fallo, la jueza federal Martina Isabel Forns atendió a los daños que podrían producirse por el decreto y dispuso: “Ordénase a la parte demandada Estado Nacional P.E.N abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo, que derive del decreto mencionado (461/2025), incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas a la Dirección Nacional de Vialidad”.
Entre otros fundamentos, Forns consideró que “los trabajadores constituyen un sector socialmente vulnerable” y sostuvo que el decreto presidencial atenta contra los derechos laborales, consagrados en los Convenios ° 87, 98 y 151 de la Organización Internacional del Trabajo de jerarquía constitucional, y que podría provocar “daños irreparables”.
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En ese sentido, señaló que el hecho de dejar a los empleados del organismo a merced de la “discrecionalidad” de la cartera que conduce el ministro Federico Sturzenegger “vulnera de forma manifiesta el principio de estabilidad, así como los derechos laborales y sindicales reconocidos a los trabajadores estatales”.
Al mismo tiempo, la magistrada sostuvo que en el caso “se verifican circunstancias graves y objetivas” que “permiten justificar el dictado de una medida cautelar de no innovar, a fin de evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”.
LM/HB