miércoles, 30 de julio de 2025 10:00
La muerte de Alejandra “Locomotora” Oliveras ha tomado un giro inesperado, generando una fuerte polémica. Tras su fallecimiento a causa de un ACV isquémico, y cuando ya se preparaban los procedimientos para la cremación de su cuerpo, una denuncia judicial por “muerte dudosa” y posibles conexiones con mafias en el ámbito deportivo encendió las alarmas de las autoridades.
La presentación legal que interrumpió el proceso fue realizada por la abogada santafesina Patricia Noemí Apesteguy, en representación del fisicoculturista Aldo Sergio Parodi. Parodi fue quien solicitó formalmente que se investiguen las circunstancias exactas del fallecimiento de la ex campeona mundial de boxeo.
En declaraciones a medios locales, Apesteguy afirmó que su cliente “considera que la muerte de Locomotora Oliveras es dudosa y que existen mafias en el deporte”. Parodi, con una extensa trayectoria en el ambiente del fisicoculturismo, argumentó que el desarrollo físico de la boxeadora en los últimos años “no es natural”.
Según su perspectiva, el notorio aumento de masa muscular que presentó Oliveras podría haber sido provocado por el uso de anabólicos. Parodi explicó que estas sustancias son conocidas por generar presión arterial elevada, lo que a su vez podría derivar en eventos como el Accidente Cerebrovascular (ACV) que sufrió Oliveras.
La abogada de Parodi también destacó que su cliente es un firme defensor del deporte sin drogas ni dopaje. De hecho, Parodi ya había presentado denuncias en 2020 contra presuntas mafias y prácticas de dopaje en diversos clubes, lo que refuerza su compromiso con la transparencia en el ámbito deportivo.
Tras la denuncia, el Ministerio Público Fiscal de la Nación intervino de inmediato, ordenando suspender la cremación del cuerpo de Alejandra Oliveras. Esta medida fue tomada “hasta tanto se evalúe la posible realización de una autopsia judicial”. El escrito oficial, firmado por la auxiliar fiscal María José de la Torre y por disposición del fiscal federal penal coadyuvante Diego Orzuza Cock, solicitó expresamente “preservar el cuerpo en condiciones adecuadas”.
La justificación de esta orden es crucial: abstenerse de realizar la cremación se consideró vital, ya que esta acción podría “impedir la obtención de pruebas clave” sobre las verdaderas causas del fallecimiento. Esto subraya la necesidad de una investigación exhaustiva para determinar si hubo factores externos involucrados en su muerte.
Aunque la denuncia fue inicialmente presentada ante la Justicia Federal, el juzgado se declaró incompetente en el caso. Por esta razón, las actuaciones fueron derivadas al Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, que ahora tiene la responsabilidad de decidir si ordena la autopsia y da inicio a una investigación formal sobre el caso.