Las defensas de los principales imputados de la banda de los usurpadores realizaron varios cuestionamientos al juez de Control de Garantías N° 1, Santiago Ahumada Franzzini, y a la fiscal de Instrucción Nº 3, Valeria Reyes. Lo hicieron ayer, en la audiencia de prórroga de prisión preventiva, que se desarrolló en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial, en avenida Colón, en la ciudad Capital.
De acuerdo con la información a la que accedió El Ancasti, las defensas hicieron hincapié en que Ahumada Franzzini, al momento de dictar prisión preventiva a los acusados en la instancia previa, bajó la calificación legal de los sospechosos. Según plantearon, él no distinguió ni señaló quién lideraba la banda ni quiénes cumplían otras funciones y los trató a todos como meros integrantes de la “asociación ilícita”.
Ante esta situación, las defensas consideraron que la baja de calificación le dio la posibilidad a los imputados de ser excarcelados. Además, hicieron énfasis en que no se los indagó en Fiscalía con la nueva calificación legal. Por eso, estimaron que están detenidos desde hace 60 días sin ser indagados.
Otra de las cuestiones que señalaron es que la Fiscalía no pidió habilitación de feria para que se trate la prórroga de la prisión preventiva. En este sentido, mencionaron que el juez lo hizo de oficio.
Por todo esto, las defensas pidieron la libertad para Mario Rodrigo Del Campo, el presunto líder de la banda; Grisel Rocío Gordillo; Juan Pablo Collantes; José Werfil Vega; y Gastón Darío Agulles, los principales apuntados por la investigación. Se trata de los únicos detenidos de los más de 20 imputados que tiene la causa.
La Fiscalía, por su parte, solicitó la prórroga de la prisión preventiva para los sospechosos. En la audiencia, estuvo presente la fiscal Reyes. Tras escuchar a las partes, el juez dispuso un cuarto intermedio, y se espera que la resolución se conozca en un plazo de diez días.
Polleras
El 18 de junio, Del Campo declaró como imputado en la causa. Lo hizo por escrito. En su declaración, entre otras cosas, aseguró que la causa es un asunto de “polleras”.
También señaló que el fiscal de Instrucción Nº 5, Hugo Costilla, quien es el principal investigador de los hechos, mantuvo una relación sentimental con la mujer con quien él, Del Campo, estaba en pareja.
“Esta causa no es más que una cuestión de polleras. Al fiscal no solo le bastó con mantener una relación sentimental con quien era mi mujer, de hacer detener ilegalmente a mi hija en otra provincia, sino que además quiere hundirme inventando esta supuesta banda que nunca existió, uniéndose con ella (por su expareja) para eso. Se deben peritar todos los teléfonos celulares de Costilla, donde van a figurar las llamadas y mensajes que intercambiaba con (su expareja), quien por despecho al haber confirmado mi relación con (Rocío) Grisel Gordillo, tenía encuentros sentimentales con el fiscal y procedió a denunciar irregularidades de mi empresa que ella conocía a la perfección porque era ella misma quien las había realizado”, manifestó Del Campo en aquella oportunidad.n