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Catamarca, ARGENTINA
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Editorial
En un contexto nacional de deterioro de las políticas públicas contra la discriminación, con la disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y la amenaza de derogar la ley nacional N° 23.592, que además requiere de una urgente actualización (data de 1988 con una reforma en 2005), la sanción de la ley provincial N° 5909 de Antidiscriminación es una buena noticia.
La nueva norma provincial, aprobada por unanimidad por el Senado la semana pasada, establece un marco legal para prevenir, sancionar, reparar y erradicar actos discriminatorios en todo el territorio de la provincia de Catamarca.
La ley, cuya autoría es de la diputada Adriana Díaz, define como discriminación a las acciones que impidan, restrinjan o menoscaben el ejercicio igualitario de derechos por motivos de etnia, nacionalidad, género, identidad de género, orientación sexual, edad, discapacidad, entre otros, así como aquellas que transmitan dominación o causen daño emocional o psicológico. Asimismo, la ley contempla otras causas de discriminación: situación familiar, trabajo u ocupación, aspecto físico, condición de salud, características genéticas, situación socioeconómica, condición social, origen social, hábitos sociales o culturales, etc.
Plantea una innovación interesante, como es la incorporación de mecanismos de reparación, como campañas de sensibilización, programas de capacitación o disculpas públicas del daño colectivo, medidas que se integrarán al Código de Faltas provincial (Ley N° 5171), lo que le otorga fuerza ejecutiva. Es decir, plantea una diligencia ágil a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, pues con la desaparición del INADI, quienes se sientan discriminados deben iniciar un expediente en el fuero penal, con la burocracia que este trámite encierra.
La valoración de la ley provincial de Antidiscriminación se justifica en la necesidad de construir sociedades más tolerantes, inclusivas y respetuosas de las diversidades. La valoración de la ley provincial de Antidiscriminación se justifica en la necesidad de construir sociedades más tolerantes, inclusivas y respetuosas de las diversidades.
La norma fue aprobada por unanimidad en el Senado provincial y por amplia mayoría en la Cámara de Diputados. Los únicos que no votaron a favor de la Ley provincial de Antidiscriminación fueron los legisladores del bloque de La Libertad Avanza de la cámara baja, que se retiraron antes de que comience el tratamiento de la norma. La posición contraria a la nueva ley fue confirmada en redes sociales por el diputado Adrián Brizuela, que señaló que en caso de que la fuerza libertaria acceda al gobierno de la provincia la derogaría. No aclaró si lo haría inconstitucionalmente por decreto, tal una práctica muy arraigada en el actual gobierno nacional o, como corresponde a través de un proyecto que deberán votar ambas cámaras de la Legislatura provincial.
La valoración de la norma recientemente aprobada se justifica en la necesidad de construir sociedades más tolerantes, inclusivas y respetuosas de las diversidades. El desafío es ambicioso y cobra gran actualidad por la vigencia muy preocupante de violencia verbal y digital, que potencia lamentablemente discursos de odio, atentatorios precisamente de la sana convivencia de los actores sociales y el respeto por las decisiones individuales y colectivas asumidas en libertad.
