Además de la Ley que plantea una actualización salarial a los deprimidos haberes jubilatorios, el presidente Javier Milei vetó también la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada con el apoyo de casi todo el arco político y un amplio consenso social. El argumento oficial para justificar el veto fue que tenía un alto costo fiscal, pero en realidad solamente representa el 0,5% del PBI.
La norma fue impulsada por organizaciones sociales representativas de las personas con discapacidad y lo que ordena es garantizar la continuidad de prestaciones básicas para el sector, frenadas algunas de ellas por los recortes presupuestarios dispuestos por el gobierno nacional en el último año. Declara la emergencia del sector hasta fines del año 2027 y propone la implementación de medidas para reforzar el acceso de las personas con discapacidad a la salud, el transporte, la educación y el trabajo.
Los vetos presidenciales no apuntan a desarmar privilegios de una presunta casta política, sino a alcanzar el equilibrio fiscal ajustando a sectores de alta vulnerabilidad social. Los vetos presidenciales no apuntan a desarmar privilegios de una presunta casta política, sino a alcanzar el equilibrio fiscal ajustando a sectores de alta vulnerabilidad social.
Como acciones urgentes, prevé la regularización de pagos atrasados a prestadores del sistema y una actualización de los aranceles, cuyos montos fueron licuados por la inflación. También impulsa una reestructuración del sistema de pensiones no contributivas, con el propósito de garantizar su financiamiento adecuado y revisar los criterios de acceso y permanencia en el beneficio.
El desfinanciamiento del sector fue un factor que llevó a los mentores de la norma a incorporar un apartado por el que se obliga al Poder Ejecutivo Nacional a transparentar la ejecución presupuestaria y a rendir informes públicos y periódicos respecto de las políticas implementadas.
La norma obliga al Estado a destinar recursos específicos para el sostenimiento de talleres protegidos y centros de días y reafirmaba la obligación del Estado de cumplir con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público, un derecho muchas veces vulnerado en la práctica.
Decenas de organizaciones que representan al sector se han movilizado para que la ley se apruebe y vuelven a hacerlo en estos días para que el veto sea rechazado. Uno de esos agrupamientos, la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI) sostiene que el impacto fiscal de la norma no justifica el veto: “El costo no llega ni a un centésimo del PBI. Los viajes presidenciales, sus comitivas y las exenciones impositivas selectivas promueven un sistema desigual. La crueldad presidencial no tiene argumentos. El desequilibrio es social, no fiscal”, señaló en un documento presentado cuando se conoció la decisión presidencial de vetarla.
Los vetos al aumento de los haberes jubilatorios, a la moratoria previsional y a la emergencia en discapacidad, corrobora que las políticas oficiales no apuntan a desarmar privilegios de una presunta casta política, sino a alcanzar el equilibrio fiscal ajustando a sectores de alta vulnerabilidad social. La esperanza es que el Congreso, que sancionó las normas, ratifique la vigencia rechazando la impugnación presidencial.