La Justicia citó a declarar a al menos 15 personas por la usurpación de lotes ocurrida en mayo, mientras continúan las imputaciones a familias que permanecen en el predio. A pesar del receso judicial, la Fiscalía General, a cargo de Paola González Pinto, avanza en la causa y ya notificó a nuevas personas. La tensión social va en aumento, alimentada por la incertidumbre y el malestar entre los ocupantes. “Nos mintieron antes de la Fiesta del Poncho, ahora llegan las imputaciones”, dijeron.
En un contexto de vulnerabilidad, las familias improvisan sanitarios y cocinan con lo que pueden para alimentar a sus hijos. Sin servicios básicos ni energía eléctrica, la vida diaria se sostiene con solidaridad entre vecinos y ayuda ocasional. “Tenemos una olla viajera para que los chicos coman antes de ir a la escuela”, contó una mujer. A pesar de la precariedad, resisten: “No tenemos dónde ir”.
Las amenazas de inmolación y la desesperación exponen un límite crítico: “Nos vamos a prender fuego si nos sacan”. Varias personas expresaron públicamente su disposición a tomar medidas extremas en caso de un desalojo forzoso. “Llevo 15 años anotada en la vivienda, nunca me llamaron. Esta es la única forma que nos queda”, expresó una vecina visiblemente alterada.
Los cuestionamientos apuntan al Estado provincial, a la falta de políticas habitacionales efectivas y al presunto reparto discrecional de viviendas. Las familias aseguran no querer que se les regale nada: “Queremos pagar. No tenemos sueldos altos, pero trabajamos. Podemos afrontar una cuota”. También denuncian que muchas viviendas fueron asignadas a punteros políticos y personas con ingresos estables: “No es justo. Nosotros no tenemos nada”.