El gobernador Raúl Jalil anticipó que el Gobierno está en busca de financiamiento internacional para reactivar la obra del Gasoducto Troncal Lavalle-Catamarca, que se inició en septiembre de 2022 pero que fue abandonada por la empresa contratista, lo que provocó la rescisión del contrato. Desde que eso ocurrió, en abril del año pasado, hubo un cruce de planteos administrativos. La obra lleva más de dos años sin avances.
Jalil lo señaló el fin de semana, cuando entregó 38 viviendas en Ambato. «Estamos buscando el financiamiento de esta obra, que es fundamental para la producción y nos daría gas natural para todos los catamarqueños. Es realmente una prioridad», expresó Jalil en el acto. En este sentido, el gobernador Raúl Jalil sostuvo que en el Gobierno «creemos en las obras de infraestructura». «Si el Estado no está presente es muy difícil que nuestros vecinos tengan una casa por su enorme costo. Estamos presentes en cada rincón de Catamarca con obras y viviendas», remarcó, al anunciar también que en los próximos días habilitarán la obra de la Ruta 1 y que en 2026 se avanzará con la pavimentación en Los Castillo.
Jalil recordó que durante la gestión de Alberto Fernández en la Presidencia se había iniciado la obra y Catamarca había comprado los caños. En efecto, aunque el acta de inicio de obra se firmó en septiembre de 2022, recién en mayo de 2023, con una visita de Fernández, se realizó un acto formal de «inicio de obra».
Sin embargo, ya en ese momento se registraron demoras: a esa altura, la obra llevaba un avance del 3,9% y debía ir por el 34%. La contratista fue la empresa salteña MEGA SRL y en ese momento se inició un sumario. En octubre de 2023, el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente multó a MEGA SRL por un total de $1.963.132.239,74 al considerar que incurrió en varios incumplimientos contractuales.
El Ancasti visibilizó el abandono de la obra en febrero de 2024. Para abril, el Gobierno rescindió el contrato con MEGA, pero la empresa presentó un recurso de reconsideración en el que cuestionó la legitimidad del acta de rescisión, denunció una serie de causas «basadas en hechos falsos o parcializados» y reclamó que el Estado estaba en deuda con la empresa.
El Gobierno, por su parte, cuestionó que la empresa debía acreditar los motivos por los que consideró falsas las actuaciones del Estado y debía demostrar si fehacientemente existía algún avance mayor al 4,99% de la obra cuando se inició el proceso de sanción. Se cuestionó que a modo de demostración de que la obra no había sido abandonada, la empresa señaló que prueba de ello era que tenía oficinas y maquinarias destinadas al trabajo. La empresa también aseguró en su presentación que las multas recibidas «no se encuentran firmes ni consentidas» porque existía un recurso de reconsideración presentado al respecto. Sin embargo, el Gobierno advirtió que aquella presentación se había hecho con los plazos vencidos, por lo que «las multas han quedado firmes y consentidos los incumplimientos contractuales imputados».
De esta manera, en septiembre de 2024, el Gobierno rechazó el recurso de reconsideración presentado por la empresa, dio por concluida la vía administrativa y habilitó a Fiscalía de Estado a accionar contra la empresa por no haber concluido con la obra del Gasoducto Troncal Lavalle-Catamarca, en la que se pensaban invertir más de 6.400 millones de pesos. Jalil instruyó a Fiscalía de Estado a «proceder conforme el artículo nº83 inciso a), b), c), i), y j) de la ley de obras públicas nº2730».
Estos incisos hacen mención a la ocupación inmediata de la obra en el estado que se encuentre, con incautación de los materiales y equipos, establece que el contratista responderá por los perjuicios directos que sufra la Administración a causa del nuevo contrato que se celebre para la continuación de las obras, habilita al Estado a realizar descuentos de las multas que pudieran corresponder y señala que la empresa perderá el depósito de garantía y su derecho a percibir intereses y puede ser eliminada del registro de proveedoras.