jueves, 28 de agosto de 2025 12:03
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una denuncia ante la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación contra la obra social Unión Personal, administrada por el sindicato Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), por el cobro de “coseguros ilegales”. También acusa discriminación en las prestaciones médicas según la afiliación sindical y la aplicación de “tarifas exorbitantes” sobre las prestaciones médicas obligatorias cercenando el derecho a la salud de los trabajadores.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, calificó estas prácticas como «extorsiva e intimidatoria», señalando que estas acciones son una forma de presión para frenar las desafiliaciones masivas que sufre el sindicato, en medio de su apoyo al Gobierno que, según ATE, atenta contra los derechos laborales y la estructura estatal.
“La conducta de algunos dirigentes del Sector Público es miserable. Primero le destruyen los salarios a los trabajadores avalando recortes sin precedentes, y ahora pretenden cobrar plus o aranceles diferenciados que están prohibidos por ley. No debe haber nada más bajo que meterse con la salud de los trabajadores y sus familias”, señaló Aguiar en un comunicado.
“Estamos frente a una extorsión comprobada y además debe investigarse si no existen complicidades de las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud por permitir este accionar discriminatorio y manifiestamente ilegal que perjudica a miles de trabajadores estatales”, agregó el dirigente.
ATE argumentó ante la Superintendencia la ilegalidad del cobro de coseguros para intervenciones quirúrgicas, lo que viola el Programa Médico Obligatorio, y la imposición de costos elevados y diferenciales según afiliación sindical. Además, resaltó que todos los estatales, independientemente de su afiliación o no, tienen el mismo derecho a la salud.
De este modo, ATE acusa a UPCN de extorsionar a los trabajadores para frenar la desafiliación masiva que está experimentando, eximiendo únicamente a sus afiliados del pago de coseguro y otorgándoles privilegios como el acceso exclusivo a distintos sanatorios. Estas prácticas, además de ser inconstitucionales, constituyen una forma de extorsión e intimidación. Asimismo, se señala que el sindicato, liderado por Andrés Rodríguez, actúa en complicidad con el Gobierno Nacional.
En ese orden, mencionó que gracias a la estrategia jurídica que el centenario sindicato estatal implementó para impedir los abusos que está llevando a cabo Unión Personal, ya se logró dar marcha atrás a algunas de las prácticas fraudulentas.
El gremio, también presentó diversos amparos para frenar estas prácticas y advirtió que tomará todas las medidas legales necesarias para proteger a los trabajadores.