La Justicia federal realizó en las últimas horas una serie de allanamientos en oficinas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y en la droguería Suizo Argentina en el marco de la investigación por presunto pago de coimas. Los procedimientos fueron ordenados por el juez Sebastián Casanello y ejecutados por el Departamento de Delitos Complejos de la Policía de la Ciudad, tras la filtración de audios que comprometen al ex titular del organismo, Diego Spagnuolo.
Los operativos se concentraron en tres puntos estratégicos: oficinas de la ANDIS ubicadas en la zona del Congreso y un edificio de avenida Rivadavia, así como en la sede de la droguería perteneciente a los hermanos Kovalivker. Según fuentes judiciales, el objetivo fue secuestrar documentación clave para esclarecer la presunta red de pagos ilegales vinculados a programas estatales como Incluir Salud. La semana pasada ya se habían realizado allanamientos en los domicilios de los principales implicados, donde se incautaron celulares, computadoras y material sensible.
El peritaje sobre los dispositivos secuestrados avanza con resultados dispares: se logró acceder al celular de Spagnuolo, que contenía mensajes eliminados, pero los peritos no pudieron desbloquear el aparato de Emmanuel Kovalivker, un modelo de última generación. En cambio, el teléfono de Jonathan Kovalivker fue entregado sin clave, y el de Daniel Garbellini, ex funcionario de la ANDIS, fue facilitado voluntariamente. La empresa Cellebrite confirmó que aún no cuenta con el software necesario para intervenir el modelo de Kovalivker.
En paralelo, el Gobierno dispuso una auditoría interna en la ANDIS bajo la conducción del interventor Alejandro Vilches. Los primeros informes ya detectaron al menos un pago con sobreprecio en el marco del programa Incluir Salud, destinado a personas sin cobertura médica. Mientras tanto, Spagnuolo designó a sus abogados defensores y el presidente Javier Milei se refirió por primera vez al caso, aunque aclararon desde Casa Rosada que no se presentará, por el momento, una denuncia formal contra el ex funcionario.