En medio del escándalo que sacude al Gobierno por las denuncias de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, Elisa Carrió y legisladores de la Coalición Cívica le pidieron al Consejo de la Magistratura que abra un proceso de juicio político contra el juez Alejandro Maraniello, quien a pedido del Ejecutivo prohibió la difusión de los audios de Karina Milei.
La denuncia que presentaron Carrió, la diputada Marcela Campagnoli y el legislador Hernán Reyes es por mal desempeño y eventual comisión de delito en el ejercicio de sus funciones. Solicitan que se disponga la apertura del procedimiento de remoción, se ordene su suspensión en el cargo que desempeña y se formule la acusación correspondiente.
Al argumentar las razones de ese pedido, advirtieron que la prohibición de publicar los audios de Karina Milei «implica lisa y llanamente un acto de censura previa contra la prensa y en consecuencia, el avasallamiento del derecho constitucional y convencional a la libertad de expresión y acceso a la información pública».
También señalan en la denuncia que podría haber «connivencia con el Poder Ejecutivo en la figura» de Santiago Viola, abogado de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
CABA, 05 de Septiembre de 2025
Elisa Carrió, Hernán Reyes y Marcela Campagnoli piden juicio político al juez Maraniello.
Los dirigentes de la Coalición Cívica: Marcela Campagnoli, Diputada Nacional y Hernán Reyes, Legislador de la Ciudad con el patrocinio letrado de la Dra…
— Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) September 5, 2025
Además, la presentación judicial le endilga a Maraniello la participación en una «supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación», da cuenta de denuncias de hechos de abuso moral, sexual y violencia de género, y también advierte por irregularidades en los procesos de otorgamiento de cartas de ciudadanía argentina.
La denuncia señala que Maraniello es socio fundador y presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC).
En esta institución «también participan como parte el consejero del Magistratura, Dr. Alberto Lugones, y algunos camaristas del fuero civil y comercial federal, Dres. Alfredo Silverio Gusman y Dr. Eduardo Gottardi, miembros del Tribunal de alzada respecto de las decisiones de Maraniello».
Dicha institución «resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación. A tal punto, que cuenta con importantes “auspiciantes” incompatibles con el ejercicio de la magistratura y en particular, con el fuero al que pertenece Marianello, tal es el caso de los Laboratorios “HLB Pharma” y “Ramallo”. Estos están siendo investigados por el fentanilo contaminado y su dueño Ariel García Furfaro con prisión preventiva.
Precisamente los vínculos asociativos de Marianello «sugieren un entramado de favores recíprocos (como fallos benevolentes de sus colegas en Sala II) que amerita una profunda investigación. De confirmarse tal extremo, estaríamos ante un tráfico de influencias encubierto bajo la fachada de una asociación civil –lo cual reviste evidente gravedad institucional– y ante actos de arbitrariedad manifiesta en el ejercicio de la función judicial (causal del art. 25 inc. 4, ley 24.937)».
En este sentido, Marianello «registra en trámite ante el Consejo de la Magistratura un total de cinco denuncias en su contra por la posible comisión de hechos de abuso moral, sexual y violencia de género. Dichos procesos fueron iniciados por personal del juzgado a su cargo, directamente ante el Consejo y, en algunos casos, ante la Unidad de Bienestar Laboral dependiente de la Cámara Civil y Comercial Federal».
Maraniello, que fue designado juez federal por un decreto firmado por Mauricio Macri y el entonces ministro de Justicia Germán Garavano, quedó en el centro de la escena y de las críticas al hacer lugar al pedido que hizo el Gobierno poco después de que se publicaran audios de la secretaria general de la Presidencia grabados en la Casa Rosada.
De hecho, fue el propio Gobierno el que, poco después de conocerse que había presentado una denuncia contra los periodistas que difundieron los audios, dio cuenta de que Maraniello había ordenado «el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada», señalando que «se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión«.
Sin embargo, y además de todo el arco opositor, constitucionalistas y hasta un exjuez de la Corte Suprema cuestionaron ese fallo y consideraron que lesiona la libertad de expresión.
El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, evitó profundizar sobre el fallo pero puso el foco en la importancia de la libertad de expresión y advirtió que «es central para la democracia». Maqueda, que se fue del máximo tribunal en diciembre pasado, calificó esa resolución de «lamentable».
«El fallo comienza citando la jurisprudencia de la Corte en materia de libertad de expresión, y en un momento da un giro copernicano y pasa a justificar una medida cautelar en base al derecho a la intimidad. Todo lo contrario a lo que venía desarrollando antes», cuestionó.