La relación entre el gobierno de Javier Milei y el periodismo atraviesa un momento crítico que se ha convertido a esta altura en una regresión preocupante en materia de libertades democráticas. Lejos de sostener un diálogo respetuoso con quienes ejercen la tarea de informar, el Presidente y su entorno más cercano han optado por una estrategia de hostigamiento sistemático hacia periodistas y medios de comunicación.
Los ataques no son episodios aislados ni meras reacciones impulsivas. Responden a un patrón discursivo en el que la crítica es catalogada como “operación” y la disidencia como “enemistad”. El resultado es un clima enrarecido, en el que se busca desacreditar a los comunicadores y sembrar la sospecha de que todo periodismo que no se pliegue a la narrativa oficial responde a intereses espurios.
El presidente Milei y su entorno más cercano han optado por una estrategia de hostigamiento sistemático hacia periodistas y medios de comunicación. El presidente Milei y su entorno más cercano han optado por una estrategia de hostigamiento sistemático hacia periodistas y medios de comunicación.
Son numerosas las críticas que organizaciones empresarias, sindicales o ligadas a la defensa de la libertad de prensa y expresión han lanzado a estas prácticas oficiales. El último pronunciamiento en ese sentido es de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), a través de su informe semestral sobre libertad de prensa e información en el marco de la 63ª Asamblea anual que sesionó en Puerto Madryn. Allí, la entidad alertó sobre la “degradación de la discusión pública” y pidió preservar el debate democrático en un contexto marcado por agravios y tensiones del Gobierno nacional con el periodismo.
El documento menciona una consolidación del clima hostil contra periodistas y medios de comunicación. “Todo funcionario puede criticar el trabajo de la prensa, pero el derecho a la crítica no ampara ningún insulto”, señala el escrito de ADEPA, citando a la Corte Suprema de Justicia.
Remarca, además, cómo la prédica de odio, promovida por el Gobierno pero también por otros sectores políticos, viralizada en redes sociales puede habilitar la violencia física. Y cita algunos ejemplos de agresiones, como las sufridas por Roberto Navarro y Eduardo Feinmann, los incidentes en las marchas de jubilados frente al Congreso y la vandalización de las oficinas de TN en junio, tras un fallo judicial contra Cristina Kirchner. También denuncia una campaña de hostigamiento digital y hackeos reiterados a la cuenta de Hugo Alconada Mon.
Se observa en el documento finalmente un cuestionamiento a la medida cautelar dictada por el juez Alejandro Maraniello, que prohibió la difusión de audios atribuidos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Para ADEPA, se trata de un caso de censura previa que limita el derecho de la ciudadanía a acceder a información relevante.
En democracia, el rol del periodismo es precisamente incomodar al poder, confrontar con datos, cuestionar decisiones y poner en evidencia contradicciones. Cuando un gobierno, o cualquier sector político, transforma a los periodistas en blanco de agravios, no solo envía un mensaje intimidatorio, sino que también deteriora peligrosamente la calidad del debate público.