Ayer se estrenó una película protagonizada por Dolores Fonzi que vuelve a poner en escena un caso que conmovió y escandalizó a la opinión pública: el de Belén, la joven tucumana que pasó 29 meses presa después de haber sufrido un aborto espontáneo en el baño de un hospital. El largometraje no solo rescata la historia personal de una víctima de una injusticia aberrante, sino que también desnuda el funcionamiento de un sistema judicial que, en lugar de proteger a los más vulnerables, muchas veces parece ensañarse con ellos.
Belén fue perseguida y condenada por un delito que no cometió. Su calvario es una muestra clara de cómo la persecución judicial puede invertir los roles y transformar injustamente a una víctima en victimaria. La criminalización de la mujer que enfrenta emergencias obstétricas no solo vulnera su dignidad, sino que también perpetúa una narrativa de estigmatización que suma obstáculos a la salud y los derechos reproductivos en nuestro país.
El caso tiene, además, un valor político y social que trasciende lo individual. Su resolución favorable, con la libertad de Belén y la revisión de la condena, volviéndola otra vez al rol de víctima, marcó un precedente en un país donde todavía hoy muchas mujeres son encarceladas por emergencias obstétricas. El dato es contundente: un informe de 2020 contabilizó más de 1.500 mujeres criminalizadas en Argentina por abortos o emergencias de este tipo. En la inmensa mayoría de los casos, no se trata de mujeres con poder económico ni acceso a defensas influyentes, sino de mujeres de sectores populares, con derechos vulnerados y condenadas por un aparato judicial sin perspectiva de género.
La criminalización de la mujer que enfrenta emergencias obstétricas no solo vulnera su dignidad, sino que también perpetúa una narrativa de estigmatización La criminalización de la mujer que enfrenta emergencias obstétricas no solo vulnera su dignidad, sino que también perpetúa una narrativa de estigmatización
La abogada tucumana Soledad Deza, que acompañó a Belén, lo expresó con claridad: “El caso de Belén corrió el velo a esa tríada que conforman Poder Judicial y poderes biomédicos en esa máquina de criminalizar emergencias obstétricas”. Y agregó que también fue significativo en términos de “articular litigio, comunicación y movilización legal, tres ingredientes que una defensa técnica feminista no puede no tener”.
El estreno de la película ocurre en un contexto político particular: con un gobierno nacional conservador con habituales expresiones de misoginia que emanan desde las más altas autoridades, cuestionando incluso derechos reconocidos por ley y conquistados con años de lucha. En ese marco, la película se convierte en un recordatorio oportuno de la fragilidad de esos derechos cuando el Estado los pone en cuestión.
El caso Belén, y la película que lo rescata, funcionan entonces como advertencia y también como llamado a la memoria colectiva: porque lo que se logró revertir en Tucumán gracias a la movilización social, no puede naturalizarse como excepción, sino consolidarse como garantía. La Justicia no puede volver a convertir a las víctimas en victimarias. El cine, en este caso, se vuelve espejo incómodo, pero necesario.