El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, dictó el procesamiento de Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma Group SA, y de otros 14 ejecutivos vinculados a la fabricación y distribución de fentanilo contaminado que habría causado la muerte de al menos 124 pacientes. La causa se basa en la presunta adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud humana. El magistrado también ordenó un embargo récord sobre los bienes de García Furfaro: un billón de pesos, cifra inédita para un caso de estas características.
Además del dueño de la firma, fueron procesados directores técnicos, responsables de calidad y otros cargos jerárquicos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo SA, quienes habrían intervenido en distintas fases de la producción y liberación de los lotes contaminados. Entre los procesados figuran Nilda Furfaro (madre del empresario), Diego y Damián García (hermanos del principal imputado), y Adriana Iúdica, ingeniera química y subjefa de Control de Calidad. A todos se les imputa la coautoría de la adulteración de medicamentos con resultado fatal, en concurso con la producción de fármacos peligrosos para la salud.
Según la resolución judicial de 401 páginas, los acusados participaron activamente en las decisiones que permitieron la circulación del fentanilo contaminado, en especial del lote 31202. Firmaron documentos de validación, análisis microbiológicos y ensayos que no reflejaban las verdaderas condiciones de los productos. La Justicia sostiene que las fallas no fueron errores aislados, sino parte de un entramado sistemático de negligencia, omisiones y encubrimientos dentro de las estructuras corporativas de ambos laboratorios.
El brote de intoxicaciones y muertes por fentanilo adulterado generó conmoción en todo el país y encendió alarmas sobre los controles en la industria farmacéutica. Las víctimas, en su mayoría internadas en hospitales de la provincia de Buenos Aires, recibieron tratamientos con el medicamento contaminado sin saber que ponían su vida en riesgo. Aunque todavía no se confirmó la relación directa con todos los fallecimientos, la Justicia trabaja sobre evidencia que vincula los casos a los lotes elaborados por las empresas procesadas. Otros dos sospechosos siguen bajo investigación.