Es irónico que la sentencia que obligó a la Administración Nacional de Discapacidad a devolver pensiones no contributivas suspendidas haya salido de Juzgado Federal de Catamarca: se trata de la provincia en la que se destapó un caso grotesco de asignación irregular debido a que el beneficiario participó de un asalto violento.
El fallo del juez Guillermo Díaz Martínez contribuyó a restituir centenares de pensiones suspendidas arbitrariamente, pero Camilo Carrizo, que recurrió a todos los subterfugios a su alcance para sustraerse de las auditorías, recuerda las malversaciones que cundieron en el sistema.
Hay gran cantidad de pensiones por discapacidad irregulares, pero la depuración no puede hacerse al barrer Hay gran cantidad de pensiones por discapacidad irregulares, pero la depuración no puede hacerse al barrer
Enzo Carrizo, actual intendente de Saujil, le otorgó cuando estaba el frente de la delegación provincial de la ANSES una pensión por invalidez a su hermano Camilo. El carácter fraudulento de esta pensión se descubrió cuando Camilo fue capturado por el violento asalto al reo de las criptoestafas Matías Rolón Reynoso, que perpetró junto a otros tres sujetos.
Camilo Carrizo no podía trabajar, pero su alegada invalidez no era tanta como para impedirle participar de un asalto a mano armada, de cuyas consecuencias penales se libró, encima, pagando junto con sus cómplices una indemnización cercana a los 10 millones de pesos a las víctimas del golpe, en las célebres “absoluciones pagas” propuestas por el fiscal Hugo Costilla y homologadas por el ahora exjuez de Garantías Rodolfo Maidana.
De modo que el sufrido pensionado no solo estaba en condiciones de asaltar, sino que también contaba con recursos económicos suficientes como para compensar a los perjudicados por sus correrías. Adicionalmente, también era proveedor del Estado.
Lo estrafalario del caso tapó la boca de los ex titulares de la ANSES del peronismo local que pretendieron cuestionar las auditorías anunciadas con los tremendismos habituales por la gestión libertaria, cosa que también les ocurrió con las bajas de contratados cuando se verificó que algunos de los afligidos objetores habían tenido la precaución de hacerse designar el planta permanente en el organismo antes de emigrar a cargos legislativos o ejecutivos. Bastaba que los libertarios les señalaran estos detalles para hacerlos callar.
Lo que ocurrió después es otro cantar, pero en la misma tónica demagógica. Aprovechando el desmesurado incremento que registraron las pensiones por discapacidad en los años del kirchnerismo, el Gobierno nacional enarboló la bandera de la depuración y aplicó la motosierra a destajo.
Miles de justos cayeron con los pecadores, el indiscriminado ajuste impactó también sobre los prestadores. Sometidos a inacabables e insensibles amansadoras burocráticas, los afectados recurrieron a la Justicia y encontraron eco favorable en el Juzgado Federal a cargo de Díaz Martínez.
La ANDIS decidió acatar la sentencia y devolver los beneficios catamarqueños suspendidos. Una segunda sentencia de Díaz Martínez, que extendió la medida a todo el territorio nacional, fue apelada, pero que se haya acatado la primera sin protestar es en principio una admisión de mala praxis.
Según la titular de la ANSES Regional Myrian Juárez, candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza en Catamarca, siete de cada diez pensionados no pueden demostrar su invalidez. Es el 70% del padrón de beneficiarios ¿Serán tantos?
En el fondo, el fallo abre la oportunidad para que las auditorías se realicen como corresponde y el padrón se purgue de aprovechadores como el emblemático Carrizo. Cuando pasen las pasiones electorales, sin tantas bullas, radiografías de perros truchas utilizadas para mentir en conferencias de prensa y ansiedades concurrentes por alcanzar números impactantes, demonizar y hacer proselitismo. n