La decisión del Gobierno nacional de eliminar la inspección de “buenas prácticas de fabricación” para los medicamentos importados es una medida que, bajo el argumento de agilizar trámites y abaratar costos, debilita el control estatal efectivo sobre la calidad de los productos que consumen los argentinos.
Con la norma impulsada por los ministerios de Salud, que encabeza Mario Lugones, y de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, los técnicos de la ANMAT ya no viajarán a los países de origen para inspeccionar los laboratorios que producen los remedios que ingresan al país. En adelante, la agencia “tomará en consideración certificaciones e inspecciones realizadas por otras autoridades sanitarias confiables”, según el texto oficial. El discurso es el de la eficiencia y la modernización administrativa, pero en los hechos la medida implica una flexibilización evidente de los controles.
El argumento del ahorro en los costos y la posible baja en el precio final de los medicamentos es insuficiente si lo que se pone en juego es la salud pública. En un contexto de altos costos de los remedios, cuyos precios subieron en los últimos dos años por encima del promedio general de inflación, la premisa de un alivio para el bolsillo es tentadora, pero no puede ser el único criterio.
Delegar en los laboratorios extranjeros la responsabilidad de certificar, mediante una simple declaración, que sus productos son seguros, es una concesión excesiva y peligrosa. Delegar en los laboratorios extranjeros la responsabilidad de certificar, mediante una simple declaración, que sus productos son seguros, es una concesión excesiva y peligrosa.
Los controles presenciales que realizaba la ANMAT eran hasta ahora una barrera preventiva para evitar que productos defectuosos o adulterados llegaran al mercado. Confiar exclusivamente en certificaciones extranjeras -sin verificación directa ni capacidad de auditoría local- equivale a ceder soberanía sanitaria a terceros y a reducir la función del Estado a la de un mero receptor de declaraciones juradas.
La decisión adquiere un carácter aún más inquietante en el contexto de la tragedia reciente vinculada al fentanilo contaminado, que provocó 124 muertes y sobre la cual todavía se investiga el rol que tuvo la reducción de controles en la producción y distribución de esa sustancia. Hay elementos suficientes para inferir que las falencias de los controles por la reducción de personal y de presupuesto le impidió a la ANMAT detectar el fentanilo contaminado: fueron infectólogos del Hospital Italiano de La Plata los que lo hicieron al identificar la bacteria de algunas infecciones intrahospitalarias. Frente a ese antecedente, avanzar en una desregulación de esta magnitud parece, como mínimo, un acto temerario.
Es legítimo y necesario buscar mecanismos que reduzcan el costo de los medicamentos, pero ese objetivo no puede alcanzarse a expensas de la seguridad de los pacientes.
Delegar en los laboratorios extranjeros la responsabilidad de certificar, mediante una simple declaración, que sus productos son seguros, es una concesión excesiva y peligrosa. La salud de la población no puede ser caracterizada con un gasto burocrático a recortar y, en materia sanitaria, el Estado no puede ser un observador pasivo sino un garante activo de que cada medicamento que se consuma en el país cumpla con los más altos estándares de calidad y seguridad.