La entrada en producción del proyecto litífero que gestiona el gigante chino Zijin en Tres Quebradas, Fiambalá, indujo el cambio en la administración de la renta minera por parte del Gobierno, que reunirá todos los ingresos que arroja a la actividad al fisco catamarqueño en un solo fideicomiso, con el propósito de incrementar su potencial para financiar obras de infraestructura de gran envergadura.
La decisión se da en un contexto de convergencia entre las provincias mineras y el Gobierno nacional para estimular las inversiones en el sector, con especial interés en el cobre y el oro, que arrojarán dividendos muy superiores a los del litio. Los ingresos de la minería se reparten actualmente en dos fideicomisos, uno conformado con las regalías en general y otro con lo que aporta el Proyecto Fénix, en el Salar del Hombre Muerto. De continuar tal diseño, la renta de Tres Quebradas iba a constituir un tercer fondo, y lo mismo ocurriría con los proyectos futuros, en una atomización de la renta minera poco conveniente.
Sería saludable que las inversiones de la renta minera contemplen el desarrollo de zonas de la provincia que carecen de minería. Sería saludable que las inversiones de la renta minera contemplen el desarrollo de zonas de la provincia que carecen de minería.
Conformar una masa más voluminosa con la totalidad de los recursos provenientes de la minería permitirá solventar obras más importantes y de mayor impacto económico y social, además de incrementar los márgenes de maniobra para las finanzas provinciales.
Los diputados radicales afines a La Libertad Avanza, reunidos en el bloque Generación del Cambio, salieron a cuestionar la reforma. “Catamarca no necesita un fideicomiso más grande: necesita más transparencia y autonomía municipal”, dijo la diputada Silvana Carrizo, e insistió en la propuesta de volver al esquema de administración de las regalías mineras instituido durante la gestión de Eduardo Brizuela del Moral, en el que las regalías se asignaban en forma directa a los municipios, con una porcentaje mayor para aquellos en los que estuvieran radicados los yacimientos.
“El actual sistema concentra decisiones en el Ejecutivo, vulnera el principio de subsidiariedad y debilita la autonomía de los gobiernos locales. Los recursos deben volver a las comunidades sin intermediarios ni mecanismos discrecionales”, expresó. El modelo que los radicales “peluca” pretenden restaurar fue un absoluto fracaso, que malogró los multimillonarios ingresos de la explotación de Bajo La Alumbrera en una constelación de obras intrascendentes de alcance circunscripto a los municipios, malversaciones clientelares y corruptelas de los intendentes que dieron lugar incluso a causas penales.
Ni siquiera puede decirse que el sistema fuera más transparente que el de los fideicomisos en curso, y hay un detalle clave: la renta de Bajo La Alumbrera fue excepcional, porque además de las regalías la Provincia recibía parte de las utilidades a través de YMAD, que era socia al 20% en el emprendimiento. Lo que sí parece razonable, aparte de promover la transparencia administrativa, es que la inversión del megafideicomiso que tiene en vista se extienda para promover el desarrollo de regiones de la provincia ajenas a las áreas de influencia de la minería.
Es bastante obvio que la infraestructura financiada con recursos públicos en las áreas mineras supone un gran beneficio para las empresas, que mejoran sustancialmente sus condiciones para la extracción y traslado de los minerales.
La Provincia, como administradora de los recursos, debería contemplar que los beneficios se extiendan a departamentos y comunas que no cuentan con recursos mineros, pero sí con potencial para actividades productivas sustentables. Esto es: procurar que la renta minera sirva para promover un desarrollo integral de la provincia, y no solo de los departamentos mineros. Es un ingrediente que sería saludable introducir en el debate.