Con la renovación del Senado nacional cayó la intentona del kirchnerismo de quedarse con dos de los tres cargos que le corresponden al cuerpo en la Auditoría General de la Nación.
Las gestiones reflejaron el fortísimo retroceso político e institucional que ha experimentado el sector: en 2022 estuvo en condiciones de dividir su bancada en dos para tratar de ser al mismo tiempo primera y segunda minoría y tratar de arrebatar toda la representación en el Consejo de la Magistratura; tres años después, el formoseño José Mayans no pudo sentar 37 legisladores para sesionar y llevarse dos butacas de la AGN.
Pergeñada por la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la maniobra de 2022 fue anulada por la Suprema Corte de Justicia. La de Mayans ni siquiera pudo perpetrarse porque el tahúr se quedó sin naipes y no quiso ceder uno de los puestos al bloque “Convicción Federal”, que tiene cuatro miembros y funciona como interbloque junto a los dos del ultrakirchnerismo.
Mayans quería los dos o nada. Fue nada y ahora tendrá que operar en una nueva escena a la que se suman a la representación opositora pesos pesados como los exgobernadores Gerardo Zamora y Jorge Capitanich, que difícilmente se dejen arriar con la armada.
Mientras el kirchnerismo busca retener su gravitación en el Congreso, se suman las evidencias de su eclipse político. Mientras el kirchnerismo busca retener su gravitación en el Congreso, se suman las evidencias de su eclipse político.
El kirchnerismo quería aprovechar las últimas sesiones para colocar dos “paladares negros” en la AGN. Son cargos muy codiciados. Los auditores tienen mandato por ocho años y cobran sueldos superiores a los 10 millones de pesos. Los propuestos eran el exauditor Javier Fernández y Carlos Gutiérrez Ortiz, que trabaja en la oficina de Mayans. El tercero sería para el radicalismo.
Para plegarse a la jugada, “Convicción Federal” exigió una de las poltronas para el exsenador nacional riojano Ricardo Guerra. El bloque está integrado por el puntano Fernando Salino, el catamarqueño Guillermo Andrada, el riojano Fernando Rejal y la jujeña Carolina Moisés.
No hubo forma de que Mayans aceptara la combinación, los radicales prefirieron esperar y la cobertura de las vacancias quedó sujeta a las tratativas que se desarrollen con la nueva composición del cuerpo.
Este tipo de argucias son clásicos de la picaresca parlamentaria, pero la tentativa de asalto a la AGN marca la profundidad del eclipse kirchnerista.
En abril de 2022, cuando el fenómeno Milei era todavía inimaginable, el bloque de senadores del Frente de Todos se dividió para ocupar al mismo tiempo la primera y la segunda minoría y llevarse un representante adicional en el Consejo de la Magistratura. De los 35 miembros, 21 conformaron el bloque “Frente Nacional y Popular”, bajo la presidencia de Mayans, y 14 “Unidad Ciudadana”, encabezado por Juliana Di Tullio.
CFK, presidente del cuerpo, refrendó el ardid, pero un planteo judicial en contra del radicado PRO obtuvo fallo favorable de la Suprema Corte de Justicia y el arrebato se frustró.
El juego autónomo de “Convicción Federal” hundió ahora el operativo por la AGN, pero hay que añadir un detalle que pinta a los sectores ultra del kirchnerismo de cuerpo entero: en lugar de intentar acercar posiciones con la bancada díscola, optaron por darles más motivos para romper en momentos de alta inercia centrífuga. Hasta los últimos cartuchos se gastan en certificar el sectarismo. La única forma de relación que parece admitir el kirchnerismo es la del sometimiento incondicional.
Las fugas legislativas admiten explicaciones más sencillas que una pandemia de traiciones vocacionales o un florecer de logreros. Se deben simplemente a que las fragmentadas expresiones del peronismo no advierten ventaja alguna en ser representadas por un kirchnerismo que las ningunea y pretende confinarlas en la profilaxis política.