El Gobierno argentino elevó la presión internacional sobre Caracas, señalando al régimen de Maduro como responsable de crímenes de lesa humanidad. Sadofschi alertó sobre la gravedad de la situación, especialmente tras las elecciones calificadas como «fraudulentas» en julio de 2024, y denunció detenciones arbitrarias, tratos inhumanos y otros delitos que, según Buenos Aires, requieren investigaciones rápidas y rigurosas.
La delegación argentina marcó su disenso con la declaración final consensuada por la CPI, aclarando que no podía ser interpretada como un gesto hacia Venezuela, sino como un llamado a acelerar los mecanismos de justicia internacional. Sadofschi enfatizó la necesidad de ejecutar las órdenes de arresto y avanzar en la definición de responsabilidades, insistiendo en que la comunidad internacional no puede ignorar los crímenes cometidos en el país caribeño.
El reclamo argentino generó la respuesta del representante venezolano Héctor Constant Rosales, quien acusó al gobierno de Milei de politizar la conferencia. Ante esto, Sadofschi reafirmó la postura de Argentina y sostuvo que la posición del país frente a Venezuela es firme e inamovible, subrayando la urgencia humanitaria y judicial del caso. La situación se agrava además por la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo, hecho que añade tensión a la agenda bilateral y refuerza la exigencia de medidas inmediatas por parte de la CPI.