sábado, 6 de diciembre de 2025 02:30
En tiempos donde se reclaman respuestas rápidas y eficaces, hay prácticas judiciales que demuestran que la verdadera transformación no está en discursos grandilocuentes, sino en decisiones concretas que ponen en el centro a las personas. Días pasados, en el Tribunal Penal Juvenil a cargo del Juez Rodrigo Morabito, en una audiencia de ejecución penal adolescente por un delito sexual -ya juzgado y con sentencia firme desde hace unos años-, esa transformación volvió a hacerse visible; el tribunal llevó adelante una audiencia de revisión periódica de la sanción, escuchó a todas las partes y adoptó una decisión que sintetiza compromiso institucional, rigor jurídico y humanidad.
La audiencia, desarrollada bajo el principio de oralidad (práctica inédita en materia de ejecución penal adolescente especializada del país), permitió escuchar directamente al joven, conocer su proceso de responsabilización, su evolución personal y los esfuerzos sostenidos para reencauzar su proyecto de vida. Pero, además, reunió en un mismo espacio a todos los operadores de las áreas técnicas del servicio penitenciario: psicólogos, trabajadores sociales, educadores y responsables de tratamiento. Todos, sin excepción, coincidieron en un dato central: el joven sancionado ha mostrado avances reales, sólidos y verificables.
Ese consenso interdisciplinario -fundado en evaluaciones profesionales serias y actualizadas- habilitó un análisis integral del caso. A partir de allí, y luego de oír los argumentos de la fiscalía, la asesoría de menores y la defensa, el juez Morabito resolvió conceder el cambio del cumplimiento de la pena desde el régimen de encierro carcelario a un régimen de prisión domiciliaria con dispositivo electrónico; debiendo el joven cumplir con una serie de exigencias como la obligación de continuar con el tratamiento psicológico en el servicio penitenciario y una capacitación que viene desarrollando de las tantas que realizó y culminó.
La decisión no es menor. Es la expresión concreta de un sistema que cumple con el deber estatal de revisar periódicamente las sentencias de jóvenes en conflicto con la ley penal, tal como exigen los estándares internacionales y la ley provincial. Esta revisión no es un trámite; es la garantía de que la sanción se adecúa a la evolución del joven, a sus necesidades actuales y a su real capacidad de reintegración social.
También es una muestra del valor de la oralidad. Las decisiones se adoptan en la misma audiencia, sin demoras innecesarias, con información directa y con el contradictorio plenamente asegurado. La justicia deja de ser un expediente para convertirse en un diálogo transparente donde cada actor del sistema -y especialmente el joven- puede ser escuchado.
Pero, sobre todo, la resolución refleja el compromiso colectivo de todos los operadores intervinientes. La evolución del joven no es producto del azar, sino del trabajo coordinado de profesionales que acompañan procesos, sostienen intervenciones terapéuticas, fortalecen vínculos familiares, diseñan itinerarios educativos y promueven estrategias de responsabilización. La ejecución penal adolescente solo funciona cuando la interdisciplina funciona.
La decisión adoptada reafirma algo esencial en estos tiempos: la justicia penal juvenil no es solo un mecanismo de control, sino un espacio de oportunidad. Una oportunidad para que el Estado revise, escuche, evalúe y adapte; y una oportunidad para que cada joven continúe un camino de reconstrucción personal sin perder de vista las exigencias que su responsabilidad impone y mucho menos los derechos de quienes fueron víctimas cuya opinión, participación e intervención está garantizada y es fundamental.
En un contexto donde la discusión pública suele simplificar, estas audiencias muestran lo contrario; que la justicia puede ser rápida, rigurosa y humana, y que cuando la oralidad guía el proceso, las soluciones llegan en tiempo real, con fundamento y con sentido.