Tras su captura en Caracas, ingresó en los tribunales federales de Retiro un pedido para que Nicolás Maduro sea extraditado desde Estados Unidos hacia la Argentina, para ser detenido e indagado por delitos de lesa humanidad. El juez federal Sebastián Ramos tiene a cargo un expediente en el que también están involucrados Diosdado Cabello y otros dirigentes del régimen venezolano.
La solicitud a la Justicia argentina la formularon el abogado Tomás Farini Duggan y el legislador porteño Waldo Wolff, como representantes del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y de la Fundación de Apolo para el Desarrollo Democrático (FADD), ambas asociaciones querellantes en la causa que tramita en Comodoro Py.
El juez Ramos ya había ordenado la captura internacional de Maduro en septiembre de 2024, vía Interpol. Desde entonces busca indagarlo, junto al resto de los imputados, por las torturas, secuestros, ejecuciones y otros vejámenes cometidos contra el pueblo venezolano.
La querella consideró que ahora, con el exdictador detenido, es momento de que el magistrado a cargo de la causa active los mecanismos diplomáticos necesarios para que Estados Unidos priorice la orden de captura pendiente en los tribunales porteños y así el ex mandatario venezolano sea juzgado en territorio nacional.
La solicitud, a la que tuvo acceso Infobae, surgió inmediatamente después de conocerse la noticia sobre la captura del líder chavista por parte de fuerzas estadounidenses.
Los denunciantes, quienes actúan en nombre de las víctimas, sostuvieron en su escrito que las pruebas recabadas durante los últimos años “permitieron acreditar en forma inexorable las desapariciones forzadas, violaciones, torturas y ejecuciones ordenadas por el régimen que dirige Nicolás Maduro Moros”.
Frente a la noticia que dio la vuelta al mundo, los representantes de FADER y FADD solicitaron que se remitan copias de las órdenes de detención vigentes directamente al ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. El procedimiento estipulado por la ley de asistencia jurídica internacional prevé que este tipo de reclamos deben canalizarse siempre por la vía diplomática.