La reciente aprobación del Presupuesto 2026 generó una profunda preocupación en el ámbito educativo, especialmente en lo que respecta a la educación técnico-profesional. La medida, que implica una reducción del 93% en los fondos destinados a este sector, motivó la presentación de amparos judiciales por parte de padres y docentes, quienes advierten sobre el grave riesgo que supone para la formación de trabajadores calificados y el desarrollo industrial del país.
El artículo 30 de la nueva ley elimina el fondo obligatorio para la educación técnica y deroga el esquema de financiamiento equitativo establecido por la Ley 26.058.
En términos concretos, mientras la normativa anterior garantizaba una inversión mínima del 0,2% de los ingresos corrientes del Estado -equivalente a unos 322 mil millones de pesos-, el Presupuesto 2026 asigna apenas 11 mil millones, una cifra considerada insuficiente incluso para el funcionamiento básico del sistema.
En Catamarca
A nivel local, la situación no es menos alarmante. En Catamarca, la E.N.E.T. N°1 «Prof. Vicente García Aguilera», única escuela secundaria técnica de la provincia que depende administrativa y financieramente de la Nación, ya venía sufriendo las consecuencias de los recortes al presupuesto universitario. Sin embargo, la nueva ley agrava la situación al desfinanciar también a establecimientos técnicos de gestión provincial que hasta ahora recibían apoyo nacional para equipamiento, capacitación docente, becas estudiantiles e infraestructura.
8 escuelas técnicas de la provincia se ven afectadas por esta medida.
En total, son ocho escuelas técnicas provinciales las afectadas por esta medida, a las que se suman establecimientos agrotécnicos y agroganaderos, así como cuatro centros de formación profesional. Muchas de estas instituciones están íntimamente vinculadas a las economías regionales y cumplen un rol fundamental en la formación de recursos humanos con rápida inserción laboral, aportando valor agregado al entramado productivo local.
Golpe al desarrollo estratégico
La educación técnica no solo forma técnicos y operarios calificados en áreas clave como programación, inteligencia artificial, biotecnología, energías renovables y oficios industriales, sino que también cumple una función social y económica decisiva. Su debilitamiento pone en riesgo la continuidad de talleres y laboratorios, espacios esenciales para la formación práctica que demanda el mercado laboral.
Profesionales docentes señalaron que este recorte es “un golpe directo al desarrollo del país”, subrayando que la educación técnica es un pilar para la competitividad industrial y la movilidad social.
Además, advierten que la medida contradice leyes vigentes como la Ley de Educación Nacional y la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que reconocen el carácter estratégico de esta formación.
Futuro de la industria
El debate generado por este recorte trasciende el ámbito educativo y se instala en el corazón del modelo de desarrollo nacional. Para muchos especialistas, desfinanciar la educación técnica implica renunciar a una herramienta central para el crecimiento productivo, apostando a una estructura económica cada vez más primarizada y dependiente.
Mientras la Justicia analiza los recursos presentados, la comunidad educativa y los sectores productivos de Catamarca y del país reclaman una revisión de la medida, advirtiendo que el ajuste no solo afecta a las escuelas, sino que compromete el futuro de la industria y la capacidad de Argentina para competir en un contexto global.