En medio de una crisis climática global y mientras los incendios devastadores arrasan las localidades de El Hoyo y Epuyén, diputados de Unión por la Patria presentaron un proyecto para declarar la Emergencia Ígnea, Ambiental y Socioeconómica en la región. La iniciativa, que alcanza a Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén, aparece como un paliativo urgente pero insuficiente frente a un combo letal que se repite: el negacionismo climático del Gobierno, la subejecución sistemática del presupuesto y los intereses inmobiliarios que avanzan detrás de la tierra arrasada. En la Cámara alta, el senador Martín Soria también impulsa la declaración de la emergencia ambiental, económica y habitacional en esas cuatro provincias. Según denunció la oposición, durante los dos años de gobierno de Javier Milei se desfinanció de manera sistemática el Servicio Nacional de Manejo del Fuego: en 2024 se ejecutó, en términos reales, 81% menos que en 2023; en 2025, 70,8% menos; y el Presupuesto 2026 consolidará —si se ejecuta en su totalidad— un recorte real del 70,7% respecto de 2023. El corolario es la intención oficial de derogar la Ley de Manejo del Fuego, modificada en 2020, que prohíbe la modificación del uso del suelo en tierras incendiadas para desalentar incendios intencionales y proteger los ecosistemas, evitando que el fuego se convierta en una herramienta para la especulación inmobiliaria y productiva.
“Necesitamos que el Gobierno nacional disponga recursos de asistencia, alivio fiscal y apoyo a la producción y el turismo para las zonas afectadas”, advierte la diputada de Fuerza Patria por Río Negro Adriana Serquis, ex presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica. El proyecto impulsado por el bloque establece en su artículo primero la declaración del Estado de Emergencia Ígnea y Ambiental por el término de ciento ochenta (180) días corridos en todo el territorio de Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén, provincias afectadas por incendios forestales de magnitud extraordinaria. Además, le exige al Poder Ejecutivo la asignación de fondos específicos para solventar medidas de asistencia sanitaria, nutricional y habitacional destinadas a los habitantes damnificados. “Estos incendios ocurren en pleno pico de la temporada de verano y afectan gravemente el sustento de cientos de familias”, explican desde ese espacio. Por eso, la iniciativa no apunta solo a mitigar la emergencia ambiental, sino también a garantizar la supervivencia económica mediante la duplicación de asignaciones sociales de ANSES, alivio fiscal ante la ARCA y líneas de crédito blando para los sectores productivos y turísticos.
El proyecto contempla además la recomposición de los bajos salarios del cuerpo de brigadistas y solicita disponer de partidas del Fondo Nacional de Manejo del Fuego para el pago de un adicional extraordinario por emergencia a los combatientes de incendios forestales, en virtud de la mayor carga horaria y el estado de disponibilidad permanente que impone la actual situación de catástrofe. En noviembre, el salario inicial de un brigadista era de 860 mil pesos, una cifra que grafica el deterioro de las condiciones laborales en un área clave para la prevención y el combate del fuego.
El Frente de Izquierda (FIT) también trabaja en una iniciativa propia. Al cierre de esta edición, el diálogo entre los distintos bloques ya estaba abierto para definir quiénes podrían acompañar el proyecto del peronismo en la Cámara de Diputados. El principal escollo son los tiempos. El Congreso retomará su actividad recién el 2 de febrero y, al tratarse de una extensión del período de sesiones extraordinarias, el temario quedará limitado a las iniciativas impulsadas por el Gobierno. En ese escenario, el tratamiento de la emergencia deberá esperar hasta marzo.
El proyecto de Fuerza Patria reclama además la distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias afectadas. Los ATN son fondos discrecionales que el Estado nacional transfiere a los gobiernos provinciales para atender situaciones excepcionales que afectan sus finanzas, como emergencias climáticas o catástrofes naturales. Durante 2025, el Gobierno nacional distribuyó $199.500 millones en ATN. De ese total, el 33% se entregó en las últimas dos semanas de diciembre, en plena negociación del Presupuesto 2026. Los fondos fueron destinados a Tucumán ($20.000 millones), Misiones ($12.000 millones), Chaco ($11.000 millones), Catamarca ($10.500 millones), Entre Ríos ($7.000 millones) y Salta ($6.000 millones). Ninguna de esas provincias atravesaba entonces emergencias comparables a las que hoy golpean a la Patagonia, subrayan desde la oposición.
Prevención cero
En medio de una crisis climática global, Javier Milei juega a ser Trump. Niega el cambio climático y desmantela políticas públicas mientras el fuego avanza. En dos años de gestión, el gobierno libertario subejecutó de manera sistemática el presupuesto destinado a la prevención de incendios. En 2024 se devengó apenas el 60,6% del crédito inicial y en 2025 la ejecución cayó al 48,2%. Según un relevamiento del CEPA (Centro de Economía Política Argentina), el Gobierno desfinanció el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. En 2024 ejecutó, en términos reales, 81% menos que en 2023; en 2025, 70,8% menos; y el Presupuesto 2026, aun si se ejecutara en su totalidad, consolidaría un ajuste real del 70,7% respecto de 2023.
A los datos que expone la oposición se suma la advertencia de 18 organizaciones ambientales, que denunciaron la inacción del Estado frente a la crisis. El abogado ambientalista Enrique Viale fue categórico al describir el escenario. “El desfinanciamiento en materia de fuego es brutal”, afirmó. Para Viale, la magnitud de los incendios responde a una combinación letal. “Primero, estamos frente a una crisis climática global. Segundo, el avance de una especie invasora como el pino, que necesita del fuego para reproducirse”, enumeró. Y completó: “La tercera causa es la falta de recursos. Un Gobierno que vino a destruir al Estado”.
Límites a la especulación, afuera
Lejos de revisar el rumbo, el gobierno de Javier Milei planea echar más leña al fuego. En diciembre, el jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció la agenda elaborada por el Consejo de Mayo, que incluye el vaciamiento de leyes socioambientales clave como la Ley de Bosques, la norma que limita la extranjerización de tierras y la Ley de Manejo del Fuego. Esta última, modificada en 2020, prohíbe el cambio de uso del suelo en áreas afectadas por incendios forestales con el objetivo de desalentar los incendios intencionales y proteger los ecosistemas, evitando que el fuego se convierta en una herramienta para la especulación inmobiliaria y productiva.
El propio Adorni explicitó la posición del Ejecutivo al justificar la ofensiva oficial. “Se eliminará la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30 o 60 años tras un incendio, avalada por una ley del diputado Máximo Kirchner, que atenta directamente contra la producción”, sostuvo.
La respuesta no tardó en llegar. En un mensaje difundido en redes sociales, Máximo Kirchner, autor de la reforma de la Ley de Manejo del Fuego de 2020, cuestionó con dureza los planes del Gobierno. “Ya lo dijimos: la única actividad que desincentiva esta ley es la de prender fuego como mecanismo para expulsar productores de sus tierras y entregarlas al lobby inmobiliario de ayer o a los centros de datos de hoy”, escribió. Y remató: “Da igual. Negocio para pocos. Desastre para muchos”.
No es la primera vez que el oficialismo intenta avanzar en ese sentido. Las reformas ya habían sido incluidas en el primer borrador de la Ley Ómnibus, pero el articulado fue retirado tras la resistencia parlamentaria. Mientras tanto, en los hechos, la Ley de Bosques y la Ley de Manejo del Fuego ya sufren un desfinanciamiento sostenido. Para la oposición y las organizaciones ambientales, se trata de una estrategia deliberad que incluye retirar recursos, dejar que el fuego avance, destruir bosques nativos y abrirle paso a los negocios.