miércoles, 14 de enero de 2026 09:05
La Confederación General del Trabajo (CGT) volvió a poner en marcha una estrategia de presión política y parlamentaria para intentar morigerar el proyecto de reforma laboral que el Gobierno de Javier Milei pretende aprobar en febrero. En ese marco, la central obrera iniciará una ronda de reuniones con gobernadores y, en paralelo, enviará a sus abogados laboralistas al Senado para intervenir en el análisis técnico de la iniciativa.
Según fuentes sindicales, esta semana solo participarán los equipos técnicos de la CGT en las reuniones que comenzarán el viernes en la Cámara alta, mientras que la semana próxima podrían sumarse algunos dirigentes gremiales para intensificar el lobby ante los bloques legislativos.
Desde este viernes funcionará una comisión técnica en el Senado que evaluará las propuestas del sindicalismo y del sector empresario, con el objetivo de introducir modificaciones al texto antes de que el proyecto llegue al recinto, previsto para el 10 de febrero.
La instancia de diálogo fue habilitada por la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, luego de que en diciembre se postergara el debate a raíz de la fuerte resistencia de la CGT, que ese mes encabezó una multitudinaria movilización en Plaza de Mayo.
En simultáneo, dirigentes de la central obrera viajarán a distintas provincias para reunirse con gobernadores y buscar que influyan sobre sus legisladores nacionales, ya sea para que no acompañen la reforma o para que impulsen cambios en los artículos más cuestionados.
“La idea es ir a cada provincia”, señalaron fuentes sindicales, aunque admiten que el tiempo es acotado antes de que el debate formal comience en el Senado.
La ofensiva de la CGT contrasta con la estrategia del ministro del Interior, Diego Santilli, que en las últimas semanas viene recorriendo el país para sumar respaldos a la denominada “modernización laboral” que impulsa el Ejecutivo.
Entre los puntos más resistidos por el sindicalismo figuran la ampliación de las actividades consideradas esenciales —que obliga a garantizar servicios mínimos durante las huelgas—, la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, que podría derivar en acuerdos por empresa, y los cambios en la cuota solidaria de los trabajadores no afiliados.
También genera rechazo la creación del Fondo de Asignación Laboral (FAL) como reemplazo del sistema actual de indemnizaciones, un eje central de la reforma que el Gobierno considera clave para reducir los costos de despido y fomentar el empleo.