Un bombero camina por una carretera mientras los incendios forestales arden en El Hoyo, Patagonia, Argentina, el jueves 8 de enero de 2026.
Un bombero camina por una carretera mientras los incendios forestales arden en El Hoyo, Patagonia, Argentina, el jueves 8 de enero de 2026.
El director de FARN también sostuvo que la gestión de Milei, al negar el cambio climático inducido por la actividad humana, quiebra la labor de instancias dedicadas a favor del medioambiente. Puso como ejemplo el descenso de categoría del extinto Ministerio de Ambiente, que pasó a ser una subsecretaría de Estado, y la reducción de personal en áreas protegidas. “Hace dos años, el manejo del fuego estaba en la órbita del Ministerio de Ambiente, ahora está en la órbita del Ministerio de Criminalidad y Seguridad. Todo eso va dando una idea de hacia dónde apuntan las políticas públicas ambientales. Lo que está sucediendo con los incendios es una cadena de consecuencias”, afirmó Napoli.
Además de la declaración de emergencia por el plazo de un año, Milei dispuso el envío de fondos especiales por 100 millones de pesos (alrededor de 70.000 dólares) para que sean utilizados para combatir los incendios. Pero esto llegó luego de los recortes iniciales. Por eso, existen reclamos por parte de autoridades de las provincias afectadas y de comunidades que denuncian fuertes recortes en los presupuestos de las agencias federales encargadas de prevenir y combatir el fuego.
La provincia de Chubut se convirtió en uno de los epicentros de la tragedia ambiental. En Puerto Patriada, cerca de la frontera con Chile, el fuego iniciado a comienzos de enero ya consumió más de 25.000 hectáreas. Otra zona afectada es el Parque Nacional Los Alerces, donde el incendio comenzó en diciembre tras el impacto de un rayo y dañó al menos 13 000 hectáreas, según medios locales.
Críticas a la gestión ambiental de Milei por falta de prevención de incendios
Varias organizaciones ambientalistas advirtieron que estos incendios no son fenómenos aislados, sino consecuencia de decisiones humanas estructurales y de una respuesta estatal deficiente frente a la crisis climática.
José María Musmeci, director de la Fundación Patagonia Natural, consideró que la declaratoria de desastre y emergencia emitida por el Gobierno argentino “no significó ningún aporte especial a la lucha contra el fuego” y culpó del escenario ambiental a Milei por “quitar” el 70 % de presupuesto al Plan Nacional de Fuego, al igual que señaló Nápoli.
“Faltó la decisión de mitigar, adaptar, prevenir, equipar, instruir y dedicar más recursos y mentes al tema, por lo tanto, [también] inversión y coordinación con las provincias. La declaración de emergencia surgió cuando ya habíamos perdido 40.000 hectáreas solo en la provincia de Chubut”, afirmó a Mongabay Latam.
Sobre la decisión del Gobierno de Milei de intervenir el Parque Los Alerces, el experto recalcó que esa decisión le pareció “incomprensible” y consideró que es “más una medida de esas que muestran que ‘el hilo se corta por lo más delgado’”, ya que la intervención implica desplazar a las autoridades del parque nacional en lugar de rever la política a nivel nacional.
Ariel Slipak, coordinador del área de Investigación de FARN, afirmó que la Ley 25.054 establece montos ya establecidos para el manejo del fuego en caso de que sucedan tragedias ambientales, como los incendios. “Lo que hizo la resolución del Gobierno argentino fue sencillamente dar el paso administrativo para la asignación de esos fondos que ya estaban en el presupuesto, no le dio absolutamente ningún peso adicional al Servicio Nacional de Manejo del Fuego ni a las asociaciones de bomberos”, explicó.
El Gobierno de Argentina publicó la semana pasada la resolución 91/2026, que establece el destino de 108.000 millones de pesos argentinos (que equivale a 76.260.214 dólares) para asociaciones de bomberos voluntarios. Según Slipak, en la comunicación oficial no se aclaró que esta resolución se publica todos los años –por lo general en marzo- y que corresponde a una obligación del Estado argentino en el marco de la ley.
Presupuesto deficiente para el manejo y combate del fuego
Este financiamiento, dijo Slipak, “se sostiene a partir del 22% del producto del impuesto interno a las primas de la totalidad de los seguros” que se contratan en el país y la distribución de ese presupuesto se encuentra determinada en la misma ley. “Lo que hizo la resolución del Gobierno fue sencillamente dar el paso administrativo para la asignación de esos fondos que ya estaban en el presupuesto”, detalló el experto.
El Gobierno argentino también dijo que está considerando retirarse del Acuerdo de París, el principal pacto climático del mundo, siguiendo el ejemplo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un aliado cercano de Milei, quien ya abandonó el acuerdo. Mongabay Latam se comunicó con la subsecretaría de Ambiente de la Nación y con el Ministerio de Seguridad para conocer su postura frente a las críticas de los expertos, pero al cierre de esta nota no había obtenido respuesta.
«Seguir negando o subestimando los efectos del cambio climático, sobre el que la ciencia y el movimiento ecologista vienen advirtiendo desde hace tiempo, es una irresponsabilidad política que pagaremos con los bosques y las viviendas», afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, en un comunicado publicado por la organización en sus redes sociales.
La problemática de los incendios en la Patagonia argentina también llegó al Congreso. Varios legisladores impulsan iniciativas con el fin de endurecer penas a los responsables de las quemas, como la que se inició en un sector de Chubut, que es investigada por la Justicia.
La diputada nacional Marcela Pagano, del partido Coherencia y ex aliada de Milei, es una de las legisladoras que busca modificar el Código Penal para aquellos que provoquen el fuego en bosques nativos o implantados, montes, selvas, áreas rurales, pastizales, humedales u otros ecosistemas naturales.
La iniciativa de Pagano busca elevar las penas de cinco a 15 años y de diez a 20 años de prisión -en caso de agravantes- para aquellos que inicien incendios que afecten bosques nativos protegidos por la Ley de Bosques, que el Gobierno de Milei desfinanció mediante un ajuste previsto en el presupuesto de 2026. En el caso de los incendios producidos por imprudencia, se elevarían las penas de tres a diez años de cárcel.
El diputado Sergio Capozzi, de la agrupación Provincias Unidas, presentó un proyecto similar, que también eleva las penas y prevé la inhabilitación especial para quienes provoquen incendios que produzcan la destrucción o un peligro común para bienes jurídicos, personas, comunidades o el ambiente.
*Esta nota se publicó originalmente en el sitio Mongabay Latam.