La empresa argentina fabricante de neumáticos Fate anunció su cierre definitivo y el despido de 920 empleados. La medida generó una movilización de los trabajadores que tomaron la planta. El Gobierno intervino con la conciliación obligatoria.
La planta era la mayor del país y tenía una capacidad productiva que superaba los cinco millones de neumáticos por año. El cierre se da en un contexto de crisis para la industria afectada por la apertura comercial que generó un mayor impacto de las importaciones.
Al explicar los motivos de la decisión, la firma expresó que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”.
La empresa propiedad de la familia Madanes Quintanilla remarcó que no se trata de un concurso preventivo de acreedores ni se contempla una reestructuración o un plan de salvataje, sino que es un cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente.
Tras el cierre consumado, el empresario Javier Madanes Quintanilla, dueño de la firma, se enfocará directamente en los negocios que lleva adelante con Aluar, en la producción de aluminio.
Medida
Luego de que los empleados echados decidieran tomar medidas, la Justicia ordenó el inmediato desalojo de los operarios que permanecen dentro del establecimiento, aunque finalmente la medida no se llevará a cabo por el momento por cuestiones de seguridad y para resguardar a los implicados.
La decisión empresaria de cerrar la planta se conoció de manera abrupta: los empleados se enteraron al llegar a la fábrica y encontrarse con un cartel que informaba el cese total de actividades. Desde entonces, trabajadores y al menos un delegado permanecen en el interior del predio, mientras continúan las gestiones en un clima de fuerte tensión.
Pasadas las 13, el Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Trabajo a cargo de Julio Cordero, dictó la conciliación obligatoria por 15 días para intentar encauzar el conflicto.
La resolución judicial había dispuesto la “inmediata restitución del inmueble a favor de sus titulares”, aclarando que ello no implica restricción alguna al derecho a manifestarse fuera del predio.
El fiscal Marcelo Fuenzalida fundamentó la medida en la necesidad de recuperar la planta ubicada en Almirante Blanco Encalada 3003, tras constatar un ingreso con violencia en horas de la mañana, con daños en el alambrado perimetral y accesos, además de la ocupación de distintos sectores del establecimiento.