El enfrentamiento entre el Gobierno Nacional y la alta dirigencia del fútbol argentino se recalentó este lunes a partir de la decisión del Comité Ejecutivo de la AFA de suspender toda la actividad del fútbol local entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo en protesta por la acusación de evasión impositiva hacia las máximas autoridades de la casa madre del fútbol.
El parate, de características inéditas en la historia del fútbol argentino, abarcará a la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional y a todas las restantes categorías, incluso formativas, que deberán ser reprogramadas oportunamente. El jueves 5 de marzo, primero del cese de actividades futbolísticas, es el día en el que está prevista la declaración del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico en la causa abierta el 12 de diciembre pasado, a partir de una denuncia del ARCA, el ente recaudador a nivel nacional, por una presunta omisión sistemática en el pago de tributos y la retención de aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. El monto estimado superaría los los 19 mil millones de pesos.
El cronograma de audiencias indagatorias comenzará el jueves 5 con la declaración de Tapia y proseguirá un día mas tarde con las de Toviggino y Gustavo Lorenzo, director general de la AFA. Mientras que el lunes 9 deberán presentarse Víctor Blanco Rodríguez, expresidente de Racing y anterior secretario general de la entidad, y Cristian Malaspina, actual titular de Argentinos Juniors. La pelota estará parada mientras duren estas audiencias.
La decisión de la alta dirigencia del fútbol argentino se disparó en la reunión de Comité Ejecutivo desarrollada en la mañana de este lunes en el predio Lionel Messi de Ezeiza. En ese encuentro, Gustavo Lorenzo, director general de la AFA y uno de los acusados, presentó una captura de la página oficial de ARCA que, de acuerdo con sus palabras, demostraba que la AFA no registra deudas ni tiene declaraciones juradas pendientes.
A partir de este documento, los dirigentes sostuvieron que la deuda que motivó la causa judicial no existe. Por lo cual, los representantes de la Primera División resolvieron impulsar el paro como señal de respaldo institucional e iniciar una ronda de consultas con las mesas de las diferentes divisionales para que adhieran a la medida.