El Senado de la Nación convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei con 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones de los senadores de Santa Cruz. La norma obtuvo el mismo respaldo que en la votación del pasado 12 de febrero, cuando el cuerpo la había aprobado por primera vez antes de que volviera con modificaciones de Diputados. Acompañaron a La Libertad Avanza las bancadas del PRO, la UCR, Provincias Unidas y los legisladores que responden a los gobernadores de Salta, Misiones, Neuquén y Tucumán.
El peronismo votó en bloque en contra y anticipó que impugnará la ley ante la Justicia por considerarla inconstitucional. La CGT ya confirmó que recurrirá a los tribunales y convocó a una movilización al Palacio de Tribunales para este lunes.
El Congreso sesionó vallado por protestas de grupos de izquierda que protagonizaron incidentes durante la mañana. En los palcos del Senado estuvo presente el ministro del Interior Diego Santilli para celebrar la aprobación.
La oposición al cruce
Aunque en esta instancia el Senado solo debía decidir si aceptaba los retoques de Diputados o insistía con el texto original, los senadores peronistas se anotaron masivamente para hacer uso de la palabra. El senador Mariano Recalde advirtió que la ley viola el artículo 14 bis de la Constitución y tratados internacionales y cuestionó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) creado para las indemnizaciones.
A sabiendas de que tenían la aprobación garantizada, La Libertad Avanza apenas hizo uso de la palabra. El miembro informante Juan Cruz Godoy señaló que el empleo formal privado no creció desde 2012, mientras que los juicios laborales aumentaron un 135% entre 2010 y 2024. Al cierre, la jefa de bancada libertaria, Patricia Bullrich sintetizó el momento: «Hoy tenemos trabajadores más libres. Estamos cambiando la historia de la Argentina».
Los puntos clave
La principal modificación respecto al texto original fue la eliminación del artículo 44, que proponía reducir hasta el 50% el salario de trabajadores en licencia médica. El resto de la norma quedó intacto.
Entre los cambios más relevantes se destaca la reducción de la base de cálculo de las indemnizaciones, que ya no incluirá vacaciones, aguinaldo, propinas ni premios. La actualización de esos montos en caso de juicio deberá seguir el IPC más un 3%. Las sentencias podrán pagarse en hasta 6 cuotas para grandes empresas y 12 para pymes. El FAL quedó con una contribución del 1% para grandes empresas y del 2,5% para pymes, tras la presión de los aliados.
Impuesto a las Ganancias
Los gobernadores lograron además la eliminación del artículo que reducía el Impuesto a las Ganancias para sociedades, un tributo coparticipable que afectaba sus arcas. A los sindicatos no se les atenuó el impacto: la cuota solidaria sigue siendo obligatoria con un tope del 2% y los aportes a obras sociales se mantuvieron sin cambios.
Régimen Penal Juvenil
En la misma jornada, el Senado aprobó el nuevo Régimen Penal Juvenil con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención. La norma baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, ajustándose a estándares ya aplicados en otros países de la región.
El debate tuvo cruces encendidos. La senadora peronista Juliana Di Tullio reclamó que se hiciera cumplir el reglamento cuando el miembro informante leyó su discurso. La libertaria María Emilia Orozco respondió con dureza. El senador Carlos Linares advirtió que la reforma será un fracaso sin contención, y fue cruzado por el cordobés Luis Juez, quien acusó al peronismo de hacer politiquería. El peronismo reclamó además que el Gobierno garantice partidas presupuestarias para aplicar la ley, señalando que sin financiamiento la norma quedaría en letra muerta.
La normativa establece penas máximas de 15 años para delitos graves, con prisión domiciliaria o tareas comunitarias para infracciones menores. Prevé la creación de institutos especiales con personal capacitado en infancia y adolescencia, y prohíbe la convivencia de menores con adultos detenidos.
En ambas votaciones los senadores catamarqueños votaron divididos: Flavio Fama, de la UCR, acompañó la iniciativa, mientras que Guillermo Andrada, de Convicción Federal, y Lucía Corpacci, del bloque Justicialista, votaron en contra.
Presencia de manifestantes afuera del Congreso
Columnas de manifestantes llegaron desde temprano a las inmediaciones del Congreso de la Nación para protestar contra la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, en una jornada marcada por un fuerte operativo de seguridad y el antecedente de los incidentes registrados en movilizaciones anteriores. Participaron trabajadores de FATE, del Hospital Garrahan, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), de las dos CTA, La Cámpora y distintas organizaciones sociales y políticas.
La gran ausente fue la CGT, cuya conducción optó por no convocar a una medida de fuerza. El secretario general de ATE, Rodolfo «Cachorro» Godoy, cuestionó públicamente esa decisión y sostuvo que la central obrera eligió un camino que «a todas luces ha sido equivocado».
La CGT, de todas formas, ya confirmó que recurrirá a la Justicia para impugnar la norma y convocó a una movilización al Palacio de Tribunales para este lunes.
Fuerte operativo de seguridad
El Gobierno desplegó cerca de 800 uniformados en las inmediaciones del Congreso. El operativo incluyó brigadas de infantería, motorizada, camiones hidrantes, móviles para posibles detenidos, ambulancias del SAME, bomberos y grupos especiales, en una respuesta directa a los incidentes protagonizados en las dos movilizaciones anteriores contra la misma iniciativa legislativa.
Desde el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, se informó que el protocolo antipiquetes se aplicaría «con toda firmeza», sin importar el grado de masividad de la concentración. El clima de tensión en las calles aledañas al Congreso anticipaba no solo protestas sostenidas sino también la posibilidad de nuevos episodios de violencia similares a los registrados en jornadas previas.