A cincuenta años del golpe de Estado que dio inicio al período más oscuro de la historia argentina reciente, la narrativa negacionista que impulsa el gobierno de Javier Milei vuelve a tensar una discusión que la sociedad, en gran medida, ya había saldado. No hay lugar para un debate historiográfico: los crímenes cometidos por el régimen instaurado tras el Golpe de Estado en Argentina de 1976 están documentados, juzgados y condenados tanto por la Justicia como por la memoria colectiva del país.
Sin embargo, desde distintos sectores del oficialismo libertario se insiste en relativizar la dimensión de aquellos delitos, en cuestionar el consenso construido durante décadas y en promover una lectura que pretende diluir el carácter sistemático del terrorismo de Estado desplegado entre 1976 y 1983.
Un estudio realizado por la Universidad de Buenos Aires y el Centro de Estudios Legales y Sociales confirma con datos lo que se percibe en la vida pública desde hace años. El trabajo, titulado “Miradas retrospectivas sobre la dictadura argentina: 50 años después”, revela que el 70 por ciento de la sociedad tiene una mirada negativa sobre la última dictadura cívico-militar. Más aún, poco más del 60 por ciento de los encuestados interpreta que aquel período constituyó principalmente un plan sistemático de desaparición de personas y violaciones a los derechos humanos.
El 71 por ciento de los consultados calificó ese período como “muy malo” o “malo” para la historia argentina, mientras que apenas un 1 por ciento lo considera una etapa “muy buena”. De modo que existe un consenso social contundente en torno al carácter criminal del régimen que gobernó el país durante aquellos años.
Los crímenes cometidos por la dictadura están documentados, juzgados y condenados tanto por la Justicia como por la memoria colectiva del país. Los crímenes cometidos por la dictadura están documentados, juzgados y condenados tanto por la Justicia como por la memoria colectiva del país.
Ese mismo consenso se proyecta sobre el presente. Según el estudio, el 70 por ciento de los encuestados se manifestó “muy de acuerdo” o “bastante de acuerdo” con que continúen los procesos judiciales impulsados por el Estado y los organismos de derechos humanos contra los responsables del genocidio y de los crímenes de lesa humanidad.
En ese contexto, las versiones —nunca confirmadas oficialmente— que indican que el presidente Javier Milei podría anunciar el próximo Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia un indulto para militares condenados por gravísimas violaciones a los derechos humanos resultarían, de concretarse, algo más que una provocación política. Serían una grave defección moral y un error político de enormes proporciones.
No sería la primera vez que la sociedad argentina reacciona ante intentos de retroceder en materia de memoria y justicia. En 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina admitió la aplicación del beneficio del “dos por uno” para condenados por delitos de lesa humanidad. La decisión desató una reacción social masiva y la movilización de los organismos de derechos humanos, que lograron que el fallo fuera revisado y que el Congreso sancionara una ley para impedir su aplicación en esos casos.
A medio siglo del golpe de 1976, el tiempo no ha diluido la conciencia colectiva sobre la gravedad de lo ocurrido. Por el contrario, los datos muestran que la reivindicación de Memoria, Verdad y Justicia sigue siendo un sentimiento ampliamente mayoritario entre los argentinos.