El Juzgado de Control n.º 4 de la ciudad de Córdoba condenó a Cristian Joaquín Pacha a seis años y ocho meses de prisión, junto con una inhabilitación para conducir por 10 años, por provocar un choque múltiple en avenida Chacabuco el 12 de septiembre de 2024, que dejó múltiples víctimas con lesiones y daños de diversa gravedad, entre ellas la joven catamarqueña María Andrea Larcher.
La jueza Anahí Hampartzounian, además, otorgó la prisión domiciliaria al acusado debido a su delicado estado de salud, una decisión que generó debate en la audiencia celebrada en Tribunales II.
El incidente ocurrió cuando Pacha, al volante de su Toyota Corolla, perdió el control del vehículo y atropelló a varias personas en la concurrida avenida. Las investigaciones revelaron que el conductor, quien padece epilepsia, había ocultado su condición médica al falsificar información en la declaración jurada para renovar su licencia de conducir.
La jueza destacó que al menos tres médicos le habían contraindicado manejar, pero Pacha decidió ignorar estas advertencias, lo que llevó a la tragedia.
María Andrea Larcher
El choque protagonizado por Pacha dejó decenas de personas heridas, entre ellas se encontraba María Andrea Larcher, una joven de 20 años oriunda de Andalgalá que permaneció internada dos intensos meses en un hospital de la ciudad cordobesa.
Durante varias semanas permaneció en terapia intensiva con respirador y en coma farmacológico. Debieron amputarle un pie y parte de su pierna, e intervenirla varias veces porque presentaba traumatismo de cráneo con un hundimiento, una fractura en el húmero, una lesión en el brazo y otra en la pierna, una fractura de pelvis y peroné.
La joven andalgalense había llegado a la provincia de Córdoba para estudiar la carrera de Medicina y vivía en una residencia ubicada en el centro de la ciudad.
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Recuperación y superación
Con una ardua rehabilitación que implicó un gran esfuerzo, Andrea Larcher pudo volver a dar sus primeros pasos. La noticia se conoció hace apenas una semana y tras empezar a usar una pierna ortopédica, se puede apreciar una sonrisa de la joven andalgalense por tan enorme ejemplo de superación.
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Una sentencia con fundamentos claros
En una audiencia marcada por una explicación accesible dirigida tanto a las víctimas como al imputado, la magistrada rechazó el pedido de la defensa de considerar el hecho como culposo. “El resultado era previsible y el acusado tenía el deber de evitarlo”, afirmó Hampartzounian, subrayando que la conducta de Pacha, quien conocía su diagnóstico de epilepsia, fue temeraria.
La jueza argumentó que, incluso si el conductor confiaba en que no ocurriría un desenlace grave, esa confianza no era racional, sino “optimista y peligrosa”.
La calificación dolosa del delito se mantuvo debido a la gravedad de los hechos, que incluyeron no solo el choque, sino también la falsificación documental y una defraudación al seguro.
Además, la jueza descartó reducir la pena basándose en el acuerdo resarcitorio con las víctimas, al considerar que la actitud de Pacha reflejaba una estrategia utilitaria más que un arrepentimiento genuino. “No sería correcto que la sociedad perciba un trato privilegiado para quienes pueden pagar reparaciones”, enfatizó.
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Prisión domiciliaria y controversia
A pesar de la dureza de la condena, la jueza accedió al pedido de prisión domiciliaria para Pacha, justificando la medida en su estado de salud. El imputado, adulto mayor, padece problemas cardíacos, hipertensión y epilepsia, condiciones que, según la magistrada, no pueden ser atendidas adecuadamente en una unidad penitenciaria. La modalidad de cumplimiento incluirá control electrónico y una caución de 180.000 dólares, que podrá cubrirse con un inmueble ofrecido por la defensa.
Hampartzounian aclaró que la prisión domiciliaria no implica una reducción de la pena, sino una forma excepcional de cumplimiento. Sin embargo, la decisión generó opiniones encontradas entre las víctimas y sus familias, quienes esperaban una sanción más estricta dado el impacto del siniestro.
La sentencia, cuyos fundamentos completos se conocerán el 30 de mayo a las 13 horas, pone en el centro del debate la responsabilidad de los conductores con condiciones médicas que puedan comprometer la seguridad vial.