viernes, 23 de mayo de 2025 19:45
Verónica Acosta esperaba una cuota alimentaria, pero recibió 510 millones de pesos por error del Gobierno provincial. La magnitud del error sugiere una falla grave en los sistemas de control administrativo y financiero del Estado.
Según los reportes, gastó el dinero en pocas horas en bienes de consumo y ayuda a familiares, lo cual complica su situación legal. Aunque podría no haber tenido intención inicial de defraudar, el uso del dinero sin reportar el error puede ser interpretado judicialmente como apropiación indebida.
El Estado congeló su cuenta, allanó su vivienda, incautó bienes, y la imputó por defraudación. Estas acciones muestran que el Gobierno considera el caso como un delito económico grave.
Además de Verónica, cinco personas más fueron imputadas, posiblemente por haber recibido o utilizado parte del dinero. A todos se les exige una fianza de $30 millones para evitar la prisión preventiva, lo que implica que el juez considera que hay riesgo procesal (por ejemplo, de fuga o entorpecimiento de la investigación).
Si se confirma la imputación por defraudación al Estado, los acusados podrían enfrentar penas de prisión efectiva, además de la obligación de devolver el dinero.